Gas: transferencia a empresas supera los u$s2.500 millones

 

Por Marina Ulloa – Periodista 

El Gobierno completará una transferencia de fondos desde los consumidores hacia las grandes empresas productoras y comercializadoras de gas que superará los 2.512 millones de dólares entre enero de 2016 y abril de 2017.

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Datos desagregados, cuenca por cuenca. 

Se trata sólo de la recaudación adicional que embolsarán las compañías productoras y comercializadoras de gas sin haber rendido ante los organismos de control estatales algún tipo de índice de productividad.

El dinero que el ministerio de Energía y Minería, que conduce el ex Shell Juan José Aranguren, decidió se gire a las firmas fue sólo a cambio de compromisos de inversiones futuras por un gas que aún no fue explotado.

Así, el Estado dejó atrás un modelo en el que subsidiaba a los consumidores para tomar ese mismo dinero y dárselo directamente a las empresas, con la idea de que las mismas respondan con producción en un futuro.

Para ser más precisos: son 2.512.629.706 dólares entre el primer mes de 2016 y el cuarto mes de 2017. Dieciséis meses en los que ninguna de las productoras dijo puntualmente a la opinión pública qué hará con el dinero.

Esa recaudación adicional se divide en: 799.813.183 de dólares por el gas residencial; 350.327.684 por el comercio y GNC; 1.362.488.840 por la generación del fluido.

Esa enorme transferencia de recursos se acentúa con la entrada en vigencia el 1 de abril las nuevas tarifas para el servicio del gas, con subas promedio que el Gobierno calculó en el orden del 36 por ciento para los usuarios de menor consumo.

El nuevo cuadro tarifario diagramado por Aranguren estableció que respecto al último invierno el aumento acumulado llegará al 400 por ciento porque el ajuste anterior había sido en octubre.

Una parte del aumento de las boletas desde abril se explica por la quita de subsidios en el precio del gas que abonan los usuarios según el sendero de precios previsto por el Gobierno.

Ese incremento va de 3,42 a 3,77 dólares el millón de BTU, lo que implica una reducción del subsidio estatal del 50 al 45 por ciento del precio promedio que se paga por el gas a las petroleras.

En los hechos, el Gobierno de Mauricio Macri le quita subsidios a los consumidores pero no lo destina a otras áreas del Estado, sólo los transfiere a las arcas de las empresas a cambio de promesas futuras de inversión.

Algunas de las empresas beneficiarias de estas políticas son Pan Américan Energy y Pampa Energía con operaciones en el Golfo de San Jorge (Chubut), la cuenca Neuquina y la cuenca Noroeste.

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Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía. 

Pampa es de Marcelo Mindlin, el hombre de negocios de la era Macri. El mismo que en una sociedad con su hermano Damián y los ejecutivos Gustavo Mariani y Ricardo Torres le compró recientemente la constructora Iecsa a Angelo Calcaterra, el primo del presidente.

Aranguren prometió que los nuevos cuadros tarifarios redundarán en 48.000 millones de pesos inversión de las empresas. Por lo pronto, las petroleras les rehúyen a los desembolsos utilizando como argumento el bajo precio internacional del crudo.

Se tratan esos compromisos de inversión de programas de entendimientos como los que el Gobierno firmó con las principales cámaras empresariales para evitar los despidos en la industria y el comercio. ¿Qué pasó con esos acuerdos de buena fe? Nadie los cumplió.

Por ello, los trabajadores del Petróleo y el Gas del Chubut están en pie de guerra: no sólo no confían en las promesas de las empresas a cambio de los millones que entrega Aranguren sino que tampoco están dispuestos a flexibilizar sus convenios.

Por lo pronto, por cada metro cúbico de gas que una empresa le entregue a un consumidor proveniente de la Cuenca Noroeste recibirá un 641 por ciento más que en 2015, cuando cambió el modelo energético hacia uno promultinacionales.

Para el metro cúbico en la Cuenca Neuquina, el aumento de pago será de hasta el 494%; en la Cuenca Chubut el incremento será del 709%; en Santa Cruz, del 682%; y en Tierra del Fuego, 675%.

Shell se convirtió en el mayor proveedor de gas licuado de Argentina

Así lo publicó la empresa estatal Enarsa. Se trata de un negocio total de 709 millones de dólares, de los cuales 265 van a las arcas de la empresa angloholandesa de la que el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, fue socio hasta el año pasado. En segundo lugar aparece Trafigura, una multinacional embarrada en el mega escándalo de sobornos conocido en Brasil como el Lava Jato. Aquí, todos los detalles.

Escribe Marina Ulloa, periodista.

Cargamento-de-GNLLas empresas Shell y Trafigura (sospechada por el Lava Jato brasileño) son las dos compañías internacionales que más Gas Natural Licuado (GNL) les venderán a la Argentina este año a través de la importación vía buques.

El país comenzó a importar este mes buques cargados con GNL por unos  709.289.255 dólares. De eso, Shell se llevará 265.36 millones de dólares. Y Trafigura facturará al Estado argentino unos 188,75 millones de dólares.

Eso se desprende de la publicación que realizó la empresa Enarsa el 13 de marzo pasado sobre las compras de gas natural licuado que se realizan al exterior para satisfacer la demanda interna.

Shell logró venderle así al Gobierno unos 20 buques que descargarán en los puertos de Escobar y Bahía Blanca entre el 9 de marzo y el 1 de agosto próximo y se convirtió en la mayor proveedora. Y Trafigura traerá 13 buques, entre el 10 de abril y el 13 de agosto.

También están en la lista de proveedores las empresas GNA, Engle, Glencore, Petrobras, Cheniere, British Petroleum y Gunvor, según la información oficial.

Estas publicaciones fueron realizadas después del escándalo interno que se generó en el Gobierno en 2016 por el caso de un buque con GNL adquirido a la multinacional con sede en Suiza, Trafigura, del que nunca se supo el destino.

Según había publicado la propia Enarsa el año pasado licitó la compra de 77 barcos de GNL, de los cuales 48 descargaron en Escobar –al norte de Buenos Aires- y 28 en el Puerto de Bahía Blanca.

En el ministerio de Energía responden que un barco fue devuelto porque estaba programado para descargar en Escobar, pero el escaso calado del río no le permitió ingresar y se tuvo que volver, por lo que se pagó un seguro de 5 millones de dólares.

El problema está en que desde el sospechoso “regreso” de ese cargamento importado por Trasfigura, ni Enarsa ni el ministerio de Energía y Minería publicaron la información en forma oficial, por lo que no hay documentos para contrastar. 0530e4bd42cd028c99a0cadad9e2afc3bb91a25d

Ahora, Enarsa hizo figurar en su publicación sobre la importación para este año a 5 buques que son reprogramados de 2016, entre los que aparece uno de Trafigura que descargaría el 7 de junio próximo en Bahía Blanca, pero no aclara si es el que ya estaba pago. Se trata de un buque con un costo de unos 20.134.500 dólares.

Otro dato que genera suspicacias es el desagregado de las empresas que ganaron las licitaciones para proveer de GNL a la Argentina durante el 2016, el primer año de la gestión de la alianza Cambiemos.

Entre 14 compañías, la empresa GNA importó el 22% del total (1.098 millones de metros cúbicos); Trafigura quedó en segundo lugar con un 19% (931,1 MMm3) y Gazprom en tercer puesto con un 11% (533,9MMm3).

Esas empresas trajeron el Gas Natural Licuado de  Trinidad y Tobago (29%); Qatar (21%); Nigeria (15%); USA (11%); y Noruega (9%). También participaron Algeria, Australia, Bélgica, Reino Unido, Guinea Ecuatorial y Angola.

La falta de información sobre el barco importado por Trafigura sobre el que el Gobierno informó abrió una luz de sospechas en la Justicia brasileña donde investigan a ese grupo empresario por el pago de sobornos millonarios en el marco del Lava Jato.

El empresario Mariano Marcondes Ferraz, ejecutivo del Grupo Trafigura y representante de Decal en Brasil, fue detenido por la Policía Federal en la noche del miércoles 26 de octubre en el aeropuerto internacional de Guarulhos, en São Paulo, donde se embarcaría hacia Londres.

El Ministerio Público Federal acusó a Ferraz de corrupción y lavado de dinero, y el arresto fue determinado por el juez federal Sérgio Moro, en el ámbito de la Operación Lava Jato.

Según los fiscales, entre 2011 y 2014, el empresario pagó sobornos de más US$ 800 mil al entonces director de abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa, por contratos firmados con la petrolera. Los depósitos se hicieron en una cuenta mantenida en el extranjero por uno de los yernos de Costa.

Ferraz fue ejecutivo de Trafigura hasta el día de su arresto y fue quien diseñó los pliegos para quedarse con el 19% del Gas Natural Licuado que importó la Argentina en 2016.

Mindlin, el pulpo que arrasa con aval de Macri y Aranguren

Escribe Marina Ulloa

Aranguren le aprobó a Mindlin la utilización de las generadoras eléctricas que eran de Petrobras y lo puso a venderle energía al Estado. Lo hizo cuando Defensa de la Competencia aún no aprobó la fusión del grupo Pampa Energía con Petrobras, avasallando a la comisión de control. Incluso, la administración brasileña de Michel Temer tampoco aprobó esa operación.

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Macri y Mindlin, en Olivos. 

El Gobierno habilitó este martes al grupo Pampa Energía, que controla el multimillonario Marcelo Mindlin, para operar las plantas generadoras que ya se encontraban incorporadas al mercado eléctrico pero fueron compradas a la firma Petrobras Energía SA.

El pedido para la habilitación había sido pedido hace dos meses por Pampa Energía. Y ahora fue oficializada la autorización del Gobierno a través del anuncio oficial publicado en el Boletín Oficial por la Subsecretaría de Energía Térmica, Transporte y Distribución de Energía Eléctrica del ministerio de Energía y Minería.

Pampa Energía había firmado un acuerdo de compra en mayo de 2016 que contemplaba la compra del 67,19% de Petrobras por u$s 892 millones. Con esta adquisición, Pampa Energía incorporará 1.200 megavatios a su parque de generación eléctrica, áreas de exploración y producción de hidrocarburos, complejos petroquímicos, una refinería y una red comercial de estaciones de servicio.

Esa operación tiene que recibir aún la autorización de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), organismo dependiente del ministerio de Hacienda que conduce Nicolás Dujovne. Ese dictamen aún no fue redactado, por lo que Aranguren decidió avanzar en solitario con aval de Macri.

En noviembre de 2016, Mindlin le compró a las ANSES las acciones que tenía en Petrobras Argentina por 156 millones de dólares, en lo que fue la primera venta por parte del macrismo de acciones que estaban en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) como patrimonio de los jubilados.

La cartera que conduce Juan José Aranguren comunicó a los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) que la firma Pampa Energía SA informó que en virtud del proceso de fusión societaria ha asumido la titularidad de las instalaciones de las plantas generadoras.

Se trata de las Centrales Termoeléctricas Genelba y Genelba Plus ubicadas en el kilómetro 49,5 de la ruta nacional N° 3, en el partido bonaerense de Marcos Paz. También la Central Hidroeléctrica Picun Leufu ubicada en el kilómetro 1.433 de la Ruta Nacional N° 237, en la localidad de Piedra del Águila en la provincia del Neuquén.  Y Ecoenergía Complejo Cerri TGS, que se encuentra en el kilómetro 701 de la Ruta Nacional N° 3, en el partido bonaerense de Bahía Blanca.

Esas plantas ya se encontraban incorporadas al Mercado Eléctrico Mayorista como Agentes Generadores y ahora Pampa Energía pidió habilitación para seguir actuando en el mismo carácter.

El aviso oficial lleva la firma de Osvaldo Ernesto Rolando, subsecretario de Energía Térmica, Transporte y Distribución de Energía Eléctrica, del ministerio de Energía y Minería.

Esto es la “frutilla del postre” en una relación entre Macri y “el Pulpo Mindlin”, como lo llaman en el Gobierno, que tuvo su máximo contacto el viernes pasado cuando se confirmó que la constructora IECSA y sus empresas asociadas pertenecientes a Ángelo Calcaterra, primo del Presidente, fue vendida al grupo Pampa Energía de Mindlin.

Así lo informaron ambas partes en sendos comunicados. Fuentes del Grupo ODS de Calcaterra dejaron trascender que la razón de la transacción está vinculada al parentesco de Calcaterra con Macri.

El Grupo ODS está conformado por la constructora IECSA; la desarrolladora inmobiliaria Creaurban; Fidus SGR servicios financieros; concesiones viales y minera Geometales, entre otras.

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Mindlin y su íntimo amigo Francisco Cabrera. 

Marcelo Mindlin, Damián Mindlin, Gustavo Mariani y Ricardo Torres, socios y principales accionistas de Pampa Energía, anunciaron que firmaron la compra de la totalidad de la constructora IECSA y sus empresas asociadas. “La operación que reviste suma importancia para el Grupo, ya que incorpora una de las empresas más grandes en construcción e infraestructura del país”, informó Pampa.

La empresa, que a partir de los próximos cambios societarios pasará a llamarse Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico (SACDE), será presidida por Damián Mindlin, quien también asumirá el rol de CEO.

Damián Mindlin dijo: “Estamos muy contentos de haber podido comprar una empresa tan importante, con la calidad de sus ingenieros, arquitectos, profesionales y empleados quienes son la plataforma para seguir creciendo. Sumar una empresa constructora líder consolidará y fortalecerá las posibilidades de desarrollo de nuestro grupo, como ha sucedido con otros grandes y emblemáticos holdings económicos argentinos, como por ejemplo en el pasado fue la ex SADE del grupo Pérez Companc”.

López, Alperovich y los tres mosqueteros del afano

 

Por Marina Ulloa – Periodista

Una tajada de hasta el 15% de cada obra pública. Ese era el dinero que se quedaba la presunta asociación ilícita que habrían integrado el “loco” López, Alperovich y tres exfuncionarios y presuntos testaferros en Tucumán. La Justicia los investiga para conocer el paradero de unos  $1.287 millones de pesos.

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López y Alperovich en Tucumán. 

La Justicia avanza sobre una presunta asociación ilícita entre el ex gobernador de Tucumán José Alperovich y el detenido (y solitario) ex secretario de Obras Públicas José López.

¿De qué se trata? La Justicia está deshilvanando una red de corrupción que se quedaba con fondos que eran girados por la Nación para obras públicas, por obra y gracia de funcionarios y empresarios que ganaban las concesiones.

Parte de esa red, el costado empresario, sigue operando ahora con el Gobierno de Cambiemos dado que son los mismos “hombres de negocios” los que se quedan con las concesiones de obras, según la investigación del fiscal federal Carlos Stornelli.

Puntualmente en Tucumán, el “negocio” era manejado por José Luis Bessi –mano derecha de López- y el ex subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, Germán Nivello.

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Nivello junto a Alperovich. 

Andrés Galera, señalado como testaferro de José López, e investigado también por enriquecimiento ilícito era otro de los artífices de las maniobras que ahora investiga Stornelli.

Galera era el dueño de la fastuosa vivienda de Dique Luján, en Tigre, donde vivía López con su esposa María Amalia Díaz hasta el día en que el exfuncionario fue encontrado con 9 palos verdes en un convento de General Rodríguez.

Estos funcionarios y testaferros armaron una red de gobernaciones y municipios en la que se quedaban con dinero de las obras públicas, con secuaces locales hasta en las fuerzas de seguridad provinciales.

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Nivello entregando obras. 

Stornelli los acusa de graves irregularidadades en la realización de obras públicas con sobreprecios, y sin control contratadas por la Nación, la provincia y los municipios. Las denuncias involucran fondos por la friolera de $1.287 millones de pesos.

Según fuentes judiciales consultadas por este blog, Bessi, Galera y Nivello eran los representantes de López en cada municipio del país al que iban, pero el negocio en la provincia de Tucumán les era propio en sociedad con Alperovich.

Caputo y Gutiérrez ya no atienden los llamados de López

 

El exfuncionario llamó varias veces en los últimos tres meses a los dos empresarios, quienes no respondieron las llamadas. “Ellos me van a sacar de acá”, se le escuchó a López, que pasa sus días en un pabellón psiquiátrico de la cárcel de Ezeiza. Gutiérrez y Caputo, dos megaempresarios de la obra pública, siguen trabajando juntos.

Por Marina Ulloa – Periodista

El detenido ex secretario de Obras Públicas José López pasa sus días en silencio en la cárcel federal de Ezeiza, entre el pabellón psiquiático y uno de los patios, y no recibe visitas más que un par de familiares y sus abogados.

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Eduardo Gutiérrez. 

López, quien fue incorporado al Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (Prisma) pasa sus días consumiendo analgésicos antiespasmódicos que lo mantienen sedado y controlado.

El exfuncionario ya no tiene quien le escriba fuera de su círculo familiar. Ni si quiera lo visitan o le acercan un mensaje personas que estuvieron muy cerca de él durante los últimos años.

En el Servicio Penitenciario cuentan que López llamó varias veces sin éxito en los últimos tres meses a Eduardo Gutiérrez, del Grupo Farallon, el dueño de la fastuosa casa en la que vivía el exfuncionario en Tigre. na05fo01

Gutiérrez y su socio Nicolás Caputo eran dos de los empresarios bendecidos por López con la adjudicación de obras públicas en varias provincias mientras en paralelo crecían también de la mano del PRO en la Capital Federal.

Según revelaron dos agentes del servicio penitenciario a El Dato Clave, López llamó insistentemente a Gutiérrez todas las semanas desde diciembre y también intentó comunicarse con el celular de Caputo. Todo, sin éxito.

“Ellos me van a sacar de acá”, expresó López en varias oportunidades, cuentan los agentes que realizan la guardia en el pabellón psiquiátrico. Sus abogados, agregan, ya le aclararon que no va a salir por un tiempo.

Ante la consulta, el fiscal Federico Delgado dijo que hay pruebas suficientes para determinar que Gutiérrez y López conforman un “un verdadero dúo en el cual se confunden sus patrimonios”.

Esto explica por qué Gutiérrez, un verdadero megaempresario de la obra pública,  fue procesado como testaferro de José López. El juez Daniel Rafecas consideró probado que en realidad la casa era de López y que figuraba a nombre de Gutiérrez para ocultar su patrimonio.

Fue López quien le adjudicó la refacción del Hospital Posadas a dos empresas  que son propiedad de Nicolás Caputo y Eduardo Gutiérrez. Tras llegar al poder, el macrismo hizo una  redeterminación de precios con un aumento del 335%.

Junto a la esposa de López y al empresario Andrés Galera, Gutiérrez fue señalado por el juez Rafecas como “partícipe necesario” del enriquecimiento del ex funcionario nacional, ya que figura como titular de la propiedad desde el 2010 a la actualidad y podría tratarse de un pago.

La donación a la fundación de Gabriela Michetti y la casa en que vivía José López son muestras de los regalos que van dejando en el camino, apenas limosnas al lado de las fortunas que mueven cada día.

Eduardo Gutiérrez, dueño y presidente de Farallon, saltó a la fama porque le donó doscientos mil pesos a Michetti y le prestaba su casa a José López, pero inició su carrera en el año 1976 en la empresa Caputo S.A.

En los últimos años, pasó de ser un funcionario de la municipalidad de Pilar y puntero del PJ bonaerense a un habitual nexo entre política y negocios de todos los sectores políticos.

Farallon es socio de Caputo S.A en tres Uniones Transitorias de Empresas (UTES) con las que ganaron licitaciones para obras en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con Mauricio Macri como jefe de Gobierno, según publicó el portal Nuestras Voces.

Gutiérrez era un empleado de Caputo S.A a principios de los ochenta, cuando fue enviado por su jefe a trabajar a Italia. Cuando regresó se independizó y formó Farallon, una pequeña constructora. Fue recién en los años noventa, con la explosión de los barrios cerrados en Pilar, cuando el ingeniero peronista se convirtió en un desarrollador inmobiliario.

Macri no sabía

Por Marina Ulloa. 

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El Gobierno de Mauricio Macri le perdonó una deuda multimillonaria a Franco Macri, pero el Presidente no sabía.

El Correo Argentino es de Mauricio Macri, sus hermanos y sus hijos, pero nadie le dijo nada… y Macri no sabía.

El Presidente tampoco sabía lo de las offshore de Panama Papers…

Nunca pudo explicar el Presidente las escuchas a los familiares de víctimas de la AMIA, porque no sabía…

Macri tampoco explicó por qué la quita de retenciones a las mineras…

Le preguntaron a Macri por qué nunca llegaron las inversiones y Macri miró desconcertado. No sabía.

Le consultaron al Presidente por qué los empresarios no abandonaron la demarcación de precios. Pero el jefe de Estado no sabía.

El Presidente dio también que no sabía por qué murieron bomberos y rescatistas en Iron Mountain cuando él era jefe de Gobierno porteño…

Macri tampoco sabe que su amigo Joe Lewis cercó el Lago Escondido…

La Justicia lo condenó en dos instancias por contrabandista, pero Mauricio Macri no sabía…

Ningún jugador de Boca se llevó el 15% de los pases cuando Macri estuvo al frente de ese club, pero él no sabía…

Arribas –hoy en la jefatura de la Inteligencia- manejaba los negocios de Boca, porque Macri no sabía…

Nicolás Caputo manejó los fondos de todas las campañas políticas del PRO, pero Macri dice que sólo es su amigo…

Ángelo Calcaterra es el principal contratista del Estado, pero Macri dice no saber…

Dijo el gran Frank Underwood en House of Cards): “Podés ser un farsante, pero si ganás pasás a ser un fraude”.

Franco Macri acordó condonación del Gobierno, pero no baja el juicio al Estado

 

El Grupo Macri será beneficiado por una reducción multimillonaria de la deuda que contrajo cuando administró la concesión de Correo Argentino. Pero luego buscará cobrarle al Estado un resarcimiento de 500 millones de dólares que fue reclamado ante los tribunales federales en 2009 por el fin de la concesión decidido por Néstor Kirchner en 2003.

Por Marina Ulloa, periodista

El empresarios Franco Macri alcanzó un acuerdo con el gobierno de su hijo, el presidente Mauricio Macri, para que le condonen una deuda multimillonaria, pero mantiene el pie el juicio al Estado en el que reclama una indemnización. 0013580222

La cosa es así: en junio de 2004, el Grupo Macri –en el cual Mauricio tenía cargo en el directorio- reclamó a la Justicia que declare inconstitucional el Decreto 721 por el cual se creaba la empresa postal del Estado: CORASA.

Los Macri decían que el decreto incluía la transferencia de bienes de la exconcesionaria –que les pertenecía- a la nueva compañía estatal, en particular una planta procesadora en Monte Grande.

Esa planta, argumentaron Franco y Mauricio según el expediente consultado, fue adquirida con posterioridad a la firma del contrato de concesión y abonada con fondos propios del holding. mauricio-y-franco-macri-0417-g1

No obstante, el reclamo de los Macri se enmarcaba ya en una situación judicial muy enredada dado que la empresa Correo Argentino estaba en concurso de acreedores ya en noviembre de 2003.

El grupo Macri terminó pidiendo que el decreto –firmado por Néstor Kirchner- sea declarado inconstitucional y pidió a la Justicia dicte una medida de no innovar para evitar que se modifique la situación fáctica.

La realidad es que todos los bienes eran del Estado y sólo la planta de Monte Grande se compró después de la firma del contrato. A esto se sumaba que el Estado era ya uno de los principales acreedores del Correo del grupo Macri por los cánones impagos.

En mayo de 2009, el Grupo Macri argumentó que los abogados del Estado habían presentado tarde las apelaciones por los fallos en contra y dieron por ganado el juicio, por lo que reclamaron un resarcimiento de 500 millones de dólares por la expropiación del Correo Argentino. Ese reclamo sigue en pie.

Esa fue la causa por la que el kirchnerismo no alcanzó un acuerdo con Franco Macri por la deuda que el empresario tenía con el Estado. Deuda que ahora fue negociada por el Grupo Macri y el Gobierno de Cambiemos, que lidera Mauricio Macri. 0014530080

El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, defendió el polémico acuerdo entre el Estado y Franco Macri por la deuda del Correo al argumentar que se trata de “un deudor sin recursos económicos”, en referencia al padre del Presidente.

Aguad reconoció que el acuerdo representa “un perjuicio para el Estado” y, en una estrategia política más que legal y técnica, le echó la culpa a la administración kirchnerista por no haber cobrado el pasivo.

Lo cierto es que Aguad no puede resolver este conflicto dado que es privativo de resolución del procurador del Tesoro Carlos Balbín, quien es en realidad el abogado del Estado argentino.