Carrió, la DEA y Macri: ¿Qué pasa?

 

¿Por qué Carrió no pudo cuestionar la salida de Prat Gay? ¿Por qué dejó de atacar a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani? ¿Por qué viaja tanto a los Estados Unidos y a la vuelta hace escala en México? ¿Qué tienen que ver la AFI y la DEA? Todas las respuestas, en esta nota. 

Por Marina Ulloa. Periodista.

La diputada Elisa Carrió llamó al presidente Mauricio Macri para decirle que Alfonso Prat Gay estaba bien despedido y que las designaciones de Luis Caputo y Nicolás Dujovne eran buenas decisiones. ckaph-zwgaawq3u

Macri le pidió la renuncia indeclinable y Carrió le soltó la mano: fue un día negro para el economista, otrora diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires (2009-2013), electo por el Acuerdo Cívico y Social (ACyS).

Carrió no pudo decirle a Macri que, en realidad, estaba en desacuerdo con el despido del funcionario, después de que en meses pasados haber criticado la violencia del ajuste que estaba llevando a cabo el Gobierno, con las tarifas por ejemplo.

La diputada defenestra el programa económico de Macri en su círculo íntimo, pero en público elogia a los coordinadores del Gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, que son los comisarios políticos y económicos en el interior del Gobierno.

¿Pero por qué Carrió no puede ahora levantar la voz si en octubre denunció a tres funcionarios del ministerio de Energía y Minería? Hay algo mucho más pesado, que implica al narcotráfico, a su hijo y a la mismísima DEA.

Enrique Santos es el hijo de Carrió: vive en el estado mexicano de Guadalajara y tiene problemas muy serios con la Justicia del país centroamericano que no lo deja cruzar la frontera hasta no saldar los pendientes.

Santos estuvo preso en la Argentina a mediado de los años 90 cuando la Policía lo encontró traficando 25 kilos de cocaína de máxima pureza. Carrió había sido electa diputada nacional por el Chaco en las elecciones de 1995 y eso la ayudó.

La entonces diputada chaqueña usó sus contactos con el Superior Tribunal de Justicia del Chaco y sacó a su hijo de la cárcel, lo subió a un avión y lo envió a Londres con la excusa de que estudiaría arte escénico.

Ahora, Santos (el hijo de Carrió) volvió a tener problemas con la Justicia, pero ya en México: lo acusan de ser uno de los cabecillas de la nueva generación en el sanguinario y millonario cartel de Jalisco.

En 2010 surgieron en México los cárteles La Resistencia y Jalisco Nueva Generación, luego de la detención, en octubre de 2009, de Óscar Nava Valencia, sobrino de Luis Valencia, cabeza del Cártel del Milenio.

El hijo de Carrió es amigo íntimo de Nava Valencia y, la Justicia investiga, lo ayudó a contener hasta 2012 la revuelta interna en el cartel. Pero hubo una división y nació Jalisco Nueva Generación, el nuevo brazo armado utilizado provisionalmente por del cártel de Sinaloa, para terminar con Los Zetas en Veracruz.

La Justicia mexicana tiene abiertos tres procesos judiciales en los que está mencionado Enrique Santos, el hijo de Carrió. Y no se descarta que sea detenido. Por eso, Carrió le pidió ayuda a Macri.

Ocurre que la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ya puso su lupa sobre Santos por envíos decomisados de droga al país del norte, desde Guadalajara.

No sólo hay venta de drogas ilegales, también hay procesos abiertos por lavado de dinero por varios cientos de millones de dólares.

La preocupación de Carrió por su hijo es tan grande que hasta aceptó el pedido de Macri para dejar de atacar a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, quienes fueron elegidos por el jefe de Estado para encabezar la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

La AFI está realizando ahora gestiones al más alto nivel con las autoridades de su par mexicano, el denominado Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) para que se frenen los procesos judiciales contra su hijo Enrique Santos.

Esta situación de desesperación, por la que ya viajó varias veces a México, llevará a Carrió a ser relegada por Macri. Y al Presidente le servirá para mantener controlada a la diputada, sin que genere mayores disgustos en la Casa Rosada con sus denuncias.

 

 

Funcionarios denunciados por Carrió le dan otro dolor de cabeza a Macri en el Congreso

Se trata de José Luis Sureda y Pablo Popik, ex jerárquicos de Pan American Energy y Axion Energy. Ambos fueron denunciados por Elisa Carrió el 23 de noviembre por negociados incompatibles con la función pública. Resulta que ambos deciden cuántos millones cobrarán en subsidios y compensaciones las petroleras para las cuales trabajaron hasta el 9 de diciembre de 2015. Ahora la oposición le puso un freno desde el Congreso. Pero la estructura de negocios y beneficios para las “ex” patronales, continúa. 

Por Marina Ulloa. Periodista.

La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo firmó un dictamen a favor de anular el decreto presidencial con el que el Gobierno busca emitir 815,7 millones de dólares para “compensar” a las petroleras.

El Frente Renovador y el Frente para la Victoria se unieron para hacer caer el Decreto 1204/2016, firmado por el presidente Mauricio Macri a fines de noviembre con el objetivo de emitir bonos soberanos para saldar una deuda con las empresas productoras de hidrocarburos.

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José Luis Sureda, exjefe de ventas de Pan American Energy. 

El decreto de “Compensaciones Programas Refipyme y Petróleo Plus” lleva también la firma del jefe de Gabinete, Marcos Peña; del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay; y del ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren.

Ese decreto había sido redactado por el secretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Sureda, quien asumió en el cargo tras renunciar a su puesto de exgerente de ventas de Pan American Energy.

Junto a Sureda, también fue autor de ese decreto que Aranguren hizo firmar a Macri el actual subsecretario de Refinación y Comercialización y ex Gerente de Planificación de Axion Energy, Pablo Popik.

Sureda y Popik son dos de los tres funcionarios de Aranguren denunciados penalmente por la  diputada nacional Elisa Carrió (CC-ARI), aliada al Gobierno, por “negociaciones incompatibles con la función pública”.

La denuncia de Carrió fue presentada en la Cámara Federal y por sorteo recayó con el número de causa 16819/2016 en el juzgado federal número 11, que encabeza el juez Claudio Bonadio.

Ocurre que estos funcionarios deciden cuáles serán los beneficios para las empresas en las que trabajaron con cargos jerárquicos hasta el 9 de diciembre de 2015, dado que asumieron en los actuales cargos el 10 violando la Ley de Ética Pública.

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Pablo Popik, ex jerárquico de Axion Energy. 

De los 815,7 millones de dólares que prevé el decreto, 540 millones de dólares tienen como destino las arcas de Pan América Energy sin que exista ninguna exigencia sobre inversiones para aumentar la producción en el país.

Tras la denuncia de Carrió, la oposición puso la lupa sobre estos funcionarios y esa situación llevó a la moción para derogar el decreto presidencial.

El diputado kirchnerista Marcos Cleri, presidente de la bicameral, dijo que ahora resta que alguno de los dos cuerpos legislativo tendrá que rechazar el decreto para que este directamente deje de existir.

Según pudo saber #ElDatoClave de altas fuentes del ministerio de Energía y Minería, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, pidió en la mañana de este miércoles 21 de diciembre la cabeza de estos dos funcionarios. El temor hacia el corazón del Gobierno es que Carrió vuelva a la carga contra y comience a desgastarlo a Aranguren.  

La iniciativa del Poder Ejecutivo consiste en saldar deudas con compañías petroleras en el marco de acreencias y subsidios impagos generados por los dos programas de estímulo a la industria petrolera creados por el gobierno anterior.

En el artículo tercero del decreto, el Gobierno dispone la ampliación de la emisión de los BONAR 2020 por unos 67.224.137 dólares para las compensaciones del Régimen Especial para Pequeños Refinadores (REFIPYME).

Y también dispone la ampliación por hasta 748.511.397 dólares, para las compensaciones pendientes de liquidación correspondientes al Programa Petróleo Plus.

Los dos programas en cuestión habían sido creados en 2008 para frenar la caída de la extracción local de crudo mediante el pago de un precio adicional a las empresas que incrementen su oferta del hidrocarburo.

Entre las compañías alcanzadas por esas bonificaciones figuran Pan American Energy (PAE), Pluspetrol, Sipetrol y Capex, entre otras. macri12-800x500_c-696x435

El objetivo del Petróleo Plus fue devolver parte de las retenciones a la exportación, dado que en 2007 el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno había fijado un esquema de retenciones que capturó la mayor parte del negocio de ventas al exterior.

Esos beneficios serían destinados a las compañías que invirtieran y aumentaran la producción y las reservas de crudo: la idea de Macri es cancelar con títulos BONAR 2020 las deudas que se mantenía con las compañías productoras.

A su vez, el decreto establece que los bonos otorgados a los privados están restringidos para su venta hasta diciembre de 2017.

LA DENUNCIA DE CARRIÓ: http://www.clarin.com/politica/Carrio-denuncia-penalmente-funcionarios-Aranguren_0_1691830860.html

 

¿Quién y por qué le paga a Carrió los viajes por el mundo?

 

Por Marina Ulloa, periodista.

Ni el Congreso ni la embajada de los Estados Unidos, como afirman algunos medios críticos o cercanos a la oposición. Es una empresa gasífera para la que “trabaja” la diputada.  Es una compensación por el fortísimo lobby que viene haciendo hacia adentro del Gobierno por la futura licitación de un gasoducto. Esto ya le generó varios dolores de cabeza a Macri y enfrentó abiertamente a la legisladora -y sus aliados- con Aranguren. Todos los detalles, en la nota.

Los boletos de avión y la estadía en hoteles cinco estrellas de los cuales hizo uso desde -al menos- 2013 y hasta este mes la diputada Elisa Carrió fueron “regalados” por una  empresa de una amiga con fuerte poder económico en el Chaco.

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Carrió, Zuvic y Miedvietzky caminan por Nueva York. 

Se trata de Lili Miedvietzky (de rojo en la foto), heredera de Herman Miedvietzky, el creador del emporio empresarial chaqueño denominado Amarilla Gas, dueño del negocio de las garrafas de Gas Licuado de Petróleo en gran parte del Litoral argentino.

Esta empresa tiene posición dominante a través de sus 17 plantas de fraccionamiento y centros de distribución de garrafas en Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco, Tucumán y Salta.

Los comerciantes en Chaco, Corrientes y Misiones señalan a la propia Amarilla Gas como la dueña, en paralelo, del mercado negro de garrafas que jamás respetó los acuerdos de precios e impone sus propios valores en la zona más pobre del país.

En los pasillos del ministerio de Energía y Minería que conduce Juan José Aranguren señalan el fortísimo lobby que emprendió Carrió cuando Cambiemos llegó al Poder para que Amarilla Gas sea el concesionario del Gasoducto del Nordeste Argentino.

Con el desembarco del gas natural por red en la región, el negocio de las garrafas de Amarilla Gas tiene su fin casi predeterminado en menos de diez años, explican en el Gobierno, y por ello la familia Miedvietzky quiere hacerse de la concesión por 60 años. imagen_nota_13560343061-0

Y también afirman que la reciente denuncia de Carrió contra tres funcionarios de Aranguren fue motivada por la negativa del ministro a anticipar los precios prefijados para la licitación de la operatividad del gasoducto, en plena construcción.

El pedido de Carrió había sido anticipado a Macri en la cena que ambos tuvieron el 14 de noviembre en la Quinta de Olivos. Pero la negativa de Macri fue contundente: el objetivo oficial es que Pan American Energy se haga cargo del gasoducto del NEA.

El 23 de noviembre, entonces, Carrió denunció penalmente al secretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Sureda; al subsecretario de Refinación y Comercialización, Pablo Popik; y al director nacional de Gas Licuado de Petróleo, Luis Barile.

En su presentación, Carrió solicitó que se investigue si el trío cometió el delito de “negociaciones incompatibles con la función pública” por sus trabajos anteriores en Esso, Pan American Energy, Bridas y otras petroleras.

La diputada avisó y la rechazaron. Por ello, con el apoyo financiero de Amarilla Gas la legisladora nacional que aún conserva domicilio fiscal en la calle Frondizi 326 de Resistencia, Chaco, aunque vive en Recoleta fue a fondo ante los tribunales.

Carrió no sólo usa sus influencias sino también las del diputado santacruceño Eduardo Costa, dueño del emporio Tehuelche y marido de la Parlamentaria del Mercosur, Mariana Zuvic, amiga íntima de la chaqueña. Costa tuvo duros cortocircuitos este año con Aranguren por el control total de la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio.  

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Aranguren y Costa, en el ministerio de Energía.

 

Justamente, Zuvic acompaña en los viajes por el mundo a Carrió y a Lili Miedvietzky. Se las pudo ver a las tres en un vuelo de American Airlines que partió desde Ezeiza hacia Estados Unidos en mayo de 2016.

El 23 de ese mes, Carrió, Zuvic y Miedvietzky comieron juntas en un restaurante neoyorquino. Pagó la diputada con su tarjeta Visa del Banco Río. Luego, al otro día, partieron hacia Washington para mantener reuniones con empresarios estadounidenses.

Su estrecha amistad con una de las integrantes del directorio de Amarilla Gas es lo que le permitió a Carrió financiar gran parte de su última campaña electoral para el cargo de diputada que ahora tiene. Además de veranear en una mansión en Punta del Este y, claro, viajar por el mundo.

Gracias a los pasajes “regalados” Carrió pasó 103 días Estados Unidos, Uruguay, Brasil, Chile, Italia y Holanda entre el 6 de febrero de 2013 y el 13 de mayo de 2015, según datos de Migraciones.

Al menos cada vez que pisó Nueva York, la diputada lo hizo acompañada por Miedvietzky. A la empresaria, no obstante, le fascina Europa, destino al que también fue junto a su amiga legisladora.

Herman Miedvietzky falleció en 2009 y el Grupo Amarilla Gas quedó bajo el control de sus hijos. Lili se había dedicado al turismo desde que fundó Fun Time/Firenze Viajes, una empresa que se expandió desde Resistencia y casi dominó el mercado de cruceros en la Argentina.

Amarilla Gas es una de las empresas investigadas por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan por emitir facturas presuntamente “truchas” a Austral Construcciones, la empresa insignia del ahora detenido Lázaro Báez.

Otra fuerte discusión con Macri

A principios de noviembre, antes de la cena en Olivos, el presidente Mauricio Macri llamó por teléfono a Carrió y le pidió que impulse cambios en el reglamento del Congreso Nacional que data de 1982 con once reformas parciales.

El objetivo de Macri era que los legisladores ya no pudieran aceptar “regalos” (como pasajes internacionales) de empresas o personas particulares, por entender que son simples dádivas o sobornos.

El Gobierno estaba a punto de prohibir a todos los funcionarios del poder ejecutivo nacional (PEN) la posibilidad de recibir regalos de más de 4 mil pesos e iba a ordenar que los de menos valor puedan quedárselos siempre y cuando los declarasen en un registro que estará on line.

La respuesta de Carrió fue tajante: “De ninguna manera”. Eso generó el enojo del jefe de Estado, que luego la invitaría a la diputada a limar asperezas en Olivos, en una cena de la que también participó la primera dama, Juliana Aguada.

Finalmente, Macri reglamentó la ley de Ética Pública el 21 de noviembre a través del decreto 1179, tras una propuesta de la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.

El decreto regula el artículo 8 de la ley de Ética Pública que se sancionó en 1999 durante el último año del gobierno de Carlos Menem. La idea de Macri era que el Congreso hiciera lo mismo. Pero Carrió dijo no.

AFIP intimó a Carrió por no presentar DDJJ e inconsistencias

 

El organismo que conduce Alberto Abad detectó el faltante de declaraciones juradas de dos años consecutivos por parte de la líder de la Coalición Cívica. Y además, investiga una serie de inconsistencias por ingresos que no se corresponderían con sus salarios como legisladora nacional y la venta de sus libros. Además, existen conexiones de la legisladora con empresas denunciadas por la AFIP e investigadas por el juez Javier López Biscayart.

Por Marina Ulloa, periodista

La Administración Federal de Ingresos Públicos intimó a la diputada Elisa Carrió por no haber presentado nunca sus declaraciones juradas (DDJJ) del Impuesto a las Ganancias por los períodos Fiscales 2012 y 2013.

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Según datos del organismo recaudador, Carrió había declarado ingresos totales por 1.259.290 pesos en 2014; por 299.299 pesos en 2011; por 270.075 pesos en 2010; y 1.776.000 pesos en 2009.

Las fuertes oscilaciones en los ingresos declarados por la diputada llevaron a los peritos contables de la AFIP a detectar posibles inconsistencias, por lo que la legisladora está siendo investigada.

En su declaración jurada del impuesto a las Ganancias de 2014, por ejemplo, Carrió dijo haber abonado unos 174.637 pesos al fisco por ese tributo. Pero existen inconsistencias e irregularidades.

En la DDJJ de Ganancias de 2014, además, Carrió declara dos deudas con personas físicas en el período fiscal anterior.

  • La primera es con Juan Facundo del Gaiso (Cuit: 20-23780152-1), quien es el Auditor General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la Coalición Cívica.

Del Gaiso llegó a ser el Auditor General porteño de la mano de Carrió y es el lugarteniente de la diputada en la Ciudad, además de ser quien más información le consigue para todas las denuncias de la jefa de la Coalición Cívica.

Incluso, la Justicia porteña había declaró nulo el acto dictado por la Legislatura porteña mediante el cual se designó a Del Gaiso como auditor general, ante la vacante generada por la renuncia en el año 2013 de Paula Oliveto Lago.

En la resolución se hace lugar al amparo colectivo impulsado por varias ONG’s ante la omisión por parte del cuerpo legislativo de la normativa relativa al cupo por sexo: la Justicia determinó que era un acto discriminatorio.

Pero Carrió puso a sus abogados personales a trabajar y logró destrabar la situación judicial de su protegido, por lo que Del Gaiso puso asumir en noviembre de 2015 tras dos años de lucha a todo o nada.

  • La segunda deuda es con Maximiliano Ferraro (Cuit: 20-25442423-3) presidente de la Coalición Cívica-ARI en la Ciudad de Buenos Aires y legislador porteño hasta diciembre de 2015.

Lo que investiga la AFIP es lo siguiente: Del Gaiso declaró valor “$0” en el rubro “Créditos” de su Declaración Jurada de Ganancias del 2013 y Ferraro directamente no cuenta con presentaciones de DDJJ.

OTRAS INCONSISTENCIAS DE CARRIÓ

La diputada nacional incluyó en el ítem “otras deudas” de la Declaración Jurada de Ganancias del 2014, un pasivo con la firma Urbanland Argentina SA (Cuit: 30-70777966-3) con domicilio en San Carlos de Bariloche.

Esa empresa se dedica a la construcción, reforma y reparación de edificios residenciales como viviendas unifamiliares y multifamiliares; bungaloes, cabañas, casas de campo, departamentos, entre otros.

En 2012 Carrió compró a Urbaland Argentina S.A. una parcela identificada con el número de lote 261, de la fracción cuya superficie total es de 4.240 metros cuadrados, en el Club de Campo Chacras de la Cruz, junto con la acción número 261 de ese club.

Según juró Carrió en 2015, tenía una deuda por el período anterior de 258.983,88 pesos con  Urbanland Argentina SA y otro pasivo de 124.137,93 pesos. Pero la empresa no incluyó en el detalle de la nómina a la contribuyente ni en los ejercicios cerrados en junio de 2012 y junio de 2013.

Esta empresa fue denunciada por la AFIP, según pudo averiguar #ElDatoClave. Se trata de la causa N° 970/2013 Juzgado Penal Tributario N° 1 del juez Javier López Biscayart, con la intervención de la Fiscalía en lo Penal Tributaio N° 1 de Claudio Navas Rial.

¿Qué se investiga en esa causa? La AFIP y la Justicia están tratando de saber sobre 12 operaciones de venta de terrenos en los que se encuentran el predio que compró Carrió en un club de campo.

Los peritos tributarios de la AFIP consideran que tanto el terreno de Carrió como otros once vendidos por la empresa fueron “subvaluados” intencionalmente.

 

 

Debe controlar a Edenor y Edesur, pero se fue de vacaciones en el inicio de los cortes de luz

Por Marina Ulloa. Periodista.  

Es un escándalo: ayer llamé al ministerio de Energía para pedir una entrevista con un funcionario cuya tarea será determinante en el verano y la respuesta fue insólita. “Se fue de vacaciones a fines de noviembre, creo que vuelve el lunes 12”, fue la expresión. 

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Osvaldo Rolando, funcionario y exdirectivo de Edesur. 

Se trata de Osvaldo Ernesto Rolando, subsecretario de Energía Térmica, Transporte y Distribución Eléctrica elegido para ocupar ese cargo por el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren.

Este Ingeniero Electricista que estudió “Desarrollo Gerencial” en la Universidad Católica Argentina no tuvo mejor idea que irse de vacaciones a fines de noviembre y hasta el 12 de diciembre, un período sensible para miles de usuarios que ya sufrieron nuevos cortes en el suministro eléctrico.

El 4 de diciembre, sólo por dar un ejemplo, unos 13.400 usuarios de Edesur y Edenor se quedaron sin luz durante 24 horas por cortes imprevistos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 2 de diciembre hubo 25.000 usuarios (hogares) sin electricidad. Son aproximadamente unas 120.000 personas. Y el responsable de controlar, de vacaciones.

Incluso este martes 6 de diciembre, mientras se escribe esta nota periodística, había sin suministro eléctrico unos 9.091 usuarios de Edenor (45.000 personas afectadas) y unos 10.297 clientes de Edesur (50.000 personas afectadas). 

Por su lugar en el Gabinete de Aranguren, la tarea de Rolando es controlar día a días las obras que realizan empresas como Edesur y Edenor para mejorar la distribución eléctrica en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. aaeaaqaaaaaaaaqnaaaajdhjytjkmjrilta2mgytndc5os05ndhilwe2yjllodlindk5ma

Rolando fue director de Edesur SA durante 21 años, entre 1992 y 2013, cuando pasó a conducir la  Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA).

El 9 de diciembre de 2015, tras un llamado telefónico de Aranguren, Rolando presentó su renuncia a la ADEERA para asumir en un cargo muy sensible debida cuenta la situación energética del país.

Pero, con muy mal tino, el funcionario macrista decidió irse más de dos semanas de vacaciones fuera del país mientras miles de argentinos sufren los cortes por la desinversión que realizaron empresas como Edesur en los últimos años.

En el sector energético, además, hay quienes señalan a Rolando como el autor intelectual de la condonación de deudas por 22.000 millones de pesos que el Gobierno de Mauricio Macri le hará en 2017 a Edesur, Edenor y otras firmas. 201206250958_adeera

Si bien Rolando se retiró de la ADEERA, una organización sin fines de lucro creada en 1992 y conformada en la actualidad por 46 distribuidoras de energía eléctrica de origen público, privado y cooperativo, sigue teniendo un fortísimo poder de lobby allí.

El conjunto de las distribuidoras asociadas a ADEERA presta el servicio público de electricidad a más de 13 millones de clientes en todo el país y la población beneficiada llega a 32,5 millones de habitantes. Las distribuidoras de ADEERA operan el 97% de la energía eléctrica que se consume en la Argentina.