El negociado de Aranguren, Shell y PAE con el gas caro para Uruguay

 

Argentina le venderá gas a Uruguay a un precio tres veces mayor del que importa desde Bolivia. Ese fluido será comprado por Aranguren a Shell y llegará en buque. Como viene en estado líquido, será regasificado en el país y exportado a través del gasoducto operado por Pan American Energy. La logística estará en manos de la estatal Enarsa, que si falla en algo será sancionada con una multa millonaria.

Por Marina Ulloa, periodista. 

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, autorizó hoy a la empresa estatal Enarsa a que exporte gas natural al Uruguay, después de haber denunciado durante sus 16 meses de gestión que no hay suficiente gas para el mercado interno argentino. SJ4wy4whQe_930x525

Aranguren incluso justificó las fuertes subas de tarifas en la necesidad del país de incrementar las inversiones para la extracción de gas no convencional. Pero ahora, autorizó venderle el combustible a Uruguay.

Incluso entre fines de 2015 y principios de 2016, Aranguren le compró de manera directa y sin licitación GNL a Shell a través de Chile con el argumento de que en la Argentina ya no quedaba capacidad de regasificación.

Ahora, sin haber ampliado su capacidad de regasificación y con una fuerte caída en la producción local de gas -que está generando despidos en la Patagonia-, la Argentina le venderá ese combustible a Uruguay.

La medida configura un mega negocio para Shell, que se convertirá este año en la principal proveedora de Gas Natural Licuado (GNL) por barcos de la Argentina, con contratos ya aprobados por 265 millones de dólares, un tercio del total.

Los buques de Shell llegarán a los puertos regasificadores de Escobar y Bahía Blanca (Buenos Aires) y desde allí, por cañería se transportará el fluido hasta el Gasoducto Cruz del Sur que corre entre Buenos Aires y Montevideo. gasoducto3

Shell ya le vendió al Gobierno de Mauricio Macri 20 buques que descargarán en los puertos de Escobar y Bahía Blanca entre el 9 de marzo (pasado) y el 1 de agosto próximo. De esos buques, el cargamento de al menos la mitad irá a parar a Uruguay, según estimaciones del mercado.

Es que la Argentina le venderá a Uruguay el gas comprado a Shell en 7 dólares por millón de BTU y no el que adquiere en Bolivia y viene por cañería, dado que por ese se paga sólo 2,50 dólares por millón de BTU.

Operadores del mercado estimaron que el gas que pagarán los uruguayos será el de Shell (tres veces más caro) dado que a la Argentina no le conviene revender el fluido boliviano más barato sino inyectarlo al mercado interno para garantizar que las tarifas no se disparen más del 700% que ya subieron. ancap

En segundo lugar, los operadores consultados señalaron que los buques encargados a la angloholandesa Shell –de la cual Aranguren fue presidente y el mayor accionista de Sudamérica- fueron sobrecomprados y ahora encontraron el cliente ideal.

El gas que llega en buque es descargado en estado líquido y son las plantas regasificadoras (que también son barcos) las que lo vuelven a su estado de utilización residencial e industrial, para luego ser inyectado a la red de transportes o distribución.

Como Uruguay no tiene planta de regasificación, el fluido será regasificado en Escobar y Bahía Blanca e irá por el gasoducto que es controlado por Pan American Energy, y en menor proporción por la británica BP Group y la alemana Wintershall.

Esta estrategia le asegura el negocio a Pan American Energy al menos hasta abril del 2019, según la resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial (ver al pie de la nota). 

La autorización de Aranguren fue realizada a través de la Resolución 109-E/2017 publicada después de un acuerdo alcanzado por Enarsa y la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap) del Uruguay.

La exportación podrá ser por un volumen firme de hasta 350.000 metros cúbicos por día o hasta completar un volumen total de 255.500.000 metros cúbicos de gas natural (lo que ocurra primero), y por un volumen interrumpible de hasta 250.000 metros cúbicos por día o hasta completar un volumen total de 182.500.000 metros. gasoductor cruz del sur

Aranguren estableció que Enarsa deberá importar volúmenes de gas natural equivalentes a los exportados a Uruguay dentro de un plazo máximo de doce meses desde el momento de la exportación del gas natural. Para agosto, Shell ya habrá cubierto ese cupo.

La Resolución dice que las modificaciones que pudiesen surgir en el precio contractual o de cualquier renegociación de la oferta deberán ser sometidas a consideración del ministerio de Energía, es decir, de Aranguren.

Uruguay pagará entonces por el gas de Shell lo que estipule Aranguren. 

El ministerio instruyó a la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos, de la que recientemente se fue José Luis Sureda pegando un fuerte portazo, a realizar el control del supuesto compromiso de reimportación de gas. Es decir, son los funcionarios que están por debajo de Aranguren quienes deben controlar el negocio.

Incluso, el incumplimiento por parte de Enarsa de la obligación importará su responsabilidad por los costos de la importación que deba realizar el Estado Nacional para suplir el gas exportado no reingresado, con más una penalidad del 50% de esos costos, dice el texto.

Esta Resolución, comentan los empresarios locales consultados, contradice al propio programa que rige la importación de Energía que sólo le permite a Enarsa comprar en el exterior con dinero público cuando es para consumo interno.

La Resolución tiene, además, una laguna que genera sospechas: no indica si Enarsa sólo debe cubrir los costos o además obtener una ganancia para el Estado argentino. Boletin

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Gas: transferencia a empresas supera los u$s2.500 millones

 

Por Marina Ulloa – Periodista 

El Gobierno completará una transferencia de fondos desde los consumidores hacia las grandes empresas productoras y comercializadoras de gas que superará los 2.512 millones de dólares entre enero de 2016 y abril de 2017.

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Datos desagregados, cuenca por cuenca. 

Se trata sólo de la recaudación adicional que embolsarán las compañías productoras y comercializadoras de gas sin haber rendido ante los organismos de control estatales algún tipo de índice de productividad.

El dinero que el ministerio de Energía y Minería, que conduce el ex Shell Juan José Aranguren, decidió se gire a las firmas fue sólo a cambio de compromisos de inversiones futuras por un gas que aún no fue explotado.

Así, el Estado dejó atrás un modelo en el que subsidiaba a los consumidores para tomar ese mismo dinero y dárselo directamente a las empresas, con la idea de que las mismas respondan con producción en un futuro.

Para ser más precisos: son 2.512.629.706 dólares entre el primer mes de 2016 y el cuarto mes de 2017. Dieciséis meses en los que ninguna de las productoras dijo puntualmente a la opinión pública qué hará con el dinero.

Esa recaudación adicional se divide en: 799.813.183 de dólares por el gas residencial; 350.327.684 por el comercio y GNC; 1.362.488.840 por la generación del fluido.

Esa enorme transferencia de recursos se acentúa con la entrada en vigencia el 1 de abril las nuevas tarifas para el servicio del gas, con subas promedio que el Gobierno calculó en el orden del 36 por ciento para los usuarios de menor consumo.

El nuevo cuadro tarifario diagramado por Aranguren estableció que respecto al último invierno el aumento acumulado llegará al 400 por ciento porque el ajuste anterior había sido en octubre.

Una parte del aumento de las boletas desde abril se explica por la quita de subsidios en el precio del gas que abonan los usuarios según el sendero de precios previsto por el Gobierno.

Ese incremento va de 3,42 a 3,77 dólares el millón de BTU, lo que implica una reducción del subsidio estatal del 50 al 45 por ciento del precio promedio que se paga por el gas a las petroleras.

En los hechos, el Gobierno de Mauricio Macri le quita subsidios a los consumidores pero no lo destina a otras áreas del Estado, sólo los transfiere a las arcas de las empresas a cambio de promesas futuras de inversión.

Algunas de las empresas beneficiarias de estas políticas son Pan Américan Energy y Pampa Energía con operaciones en el Golfo de San Jorge (Chubut), la cuenca Neuquina y la cuenca Noroeste.

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Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía. 

Pampa es de Marcelo Mindlin, el hombre de negocios de la era Macri. El mismo que en una sociedad con su hermano Damián y los ejecutivos Gustavo Mariani y Ricardo Torres le compró recientemente la constructora Iecsa a Angelo Calcaterra, el primo del presidente.

Aranguren prometió que los nuevos cuadros tarifarios redundarán en 48.000 millones de pesos inversión de las empresas. Por lo pronto, las petroleras les rehúyen a los desembolsos utilizando como argumento el bajo precio internacional del crudo.

Se tratan esos compromisos de inversión de programas de entendimientos como los que el Gobierno firmó con las principales cámaras empresariales para evitar los despidos en la industria y el comercio. ¿Qué pasó con esos acuerdos de buena fe? Nadie los cumplió.

Por ello, los trabajadores del Petróleo y el Gas del Chubut están en pie de guerra: no sólo no confían en las promesas de las empresas a cambio de los millones que entrega Aranguren sino que tampoco están dispuestos a flexibilizar sus convenios.

Por lo pronto, por cada metro cúbico de gas que una empresa le entregue a un consumidor proveniente de la Cuenca Noroeste recibirá un 641 por ciento más que en 2015, cuando cambió el modelo energético hacia uno promultinacionales.

Para el metro cúbico en la Cuenca Neuquina, el aumento de pago será de hasta el 494%; en la Cuenca Chubut el incremento será del 709%; en Santa Cruz, del 682%; y en Tierra del Fuego, 675%.