Gas: transferencia a empresas supera los u$s2.500 millones

 

Por Marina Ulloa – Periodista 

El Gobierno completará una transferencia de fondos desde los consumidores hacia las grandes empresas productoras y comercializadoras de gas que superará los 2.512 millones de dólares entre enero de 2016 y abril de 2017.

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Datos desagregados, cuenca por cuenca. 

Se trata sólo de la recaudación adicional que embolsarán las compañías productoras y comercializadoras de gas sin haber rendido ante los organismos de control estatales algún tipo de índice de productividad.

El dinero que el ministerio de Energía y Minería, que conduce el ex Shell Juan José Aranguren, decidió se gire a las firmas fue sólo a cambio de compromisos de inversiones futuras por un gas que aún no fue explotado.

Así, el Estado dejó atrás un modelo en el que subsidiaba a los consumidores para tomar ese mismo dinero y dárselo directamente a las empresas, con la idea de que las mismas respondan con producción en un futuro.

Para ser más precisos: son 2.512.629.706 dólares entre el primer mes de 2016 y el cuarto mes de 2017. Dieciséis meses en los que ninguna de las productoras dijo puntualmente a la opinión pública qué hará con el dinero.

Esa recaudación adicional se divide en: 799.813.183 de dólares por el gas residencial; 350.327.684 por el comercio y GNC; 1.362.488.840 por la generación del fluido.

Esa enorme transferencia de recursos se acentúa con la entrada en vigencia el 1 de abril las nuevas tarifas para el servicio del gas, con subas promedio que el Gobierno calculó en el orden del 36 por ciento para los usuarios de menor consumo.

El nuevo cuadro tarifario diagramado por Aranguren estableció que respecto al último invierno el aumento acumulado llegará al 400 por ciento porque el ajuste anterior había sido en octubre.

Una parte del aumento de las boletas desde abril se explica por la quita de subsidios en el precio del gas que abonan los usuarios según el sendero de precios previsto por el Gobierno.

Ese incremento va de 3,42 a 3,77 dólares el millón de BTU, lo que implica una reducción del subsidio estatal del 50 al 45 por ciento del precio promedio que se paga por el gas a las petroleras.

En los hechos, el Gobierno de Mauricio Macri le quita subsidios a los consumidores pero no lo destina a otras áreas del Estado, sólo los transfiere a las arcas de las empresas a cambio de promesas futuras de inversión.

Algunas de las empresas beneficiarias de estas políticas son Pan Américan Energy y Pampa Energía con operaciones en el Golfo de San Jorge (Chubut), la cuenca Neuquina y la cuenca Noroeste.

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Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía. 

Pampa es de Marcelo Mindlin, el hombre de negocios de la era Macri. El mismo que en una sociedad con su hermano Damián y los ejecutivos Gustavo Mariani y Ricardo Torres le compró recientemente la constructora Iecsa a Angelo Calcaterra, el primo del presidente.

Aranguren prometió que los nuevos cuadros tarifarios redundarán en 48.000 millones de pesos inversión de las empresas. Por lo pronto, las petroleras les rehúyen a los desembolsos utilizando como argumento el bajo precio internacional del crudo.

Se tratan esos compromisos de inversión de programas de entendimientos como los que el Gobierno firmó con las principales cámaras empresariales para evitar los despidos en la industria y el comercio. ¿Qué pasó con esos acuerdos de buena fe? Nadie los cumplió.

Por ello, los trabajadores del Petróleo y el Gas del Chubut están en pie de guerra: no sólo no confían en las promesas de las empresas a cambio de los millones que entrega Aranguren sino que tampoco están dispuestos a flexibilizar sus convenios.

Por lo pronto, por cada metro cúbico de gas que una empresa le entregue a un consumidor proveniente de la Cuenca Noroeste recibirá un 641 por ciento más que en 2015, cuando cambió el modelo energético hacia uno promultinacionales.

Para el metro cúbico en la Cuenca Neuquina, el aumento de pago será de hasta el 494%; en la Cuenca Chubut el incremento será del 709%; en Santa Cruz, del 682%; y en Tierra del Fuego, 675%.

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