Por compras directas de Acara para Seguridad corre riesgo la aprobación del Presupuesto 2019

Por Marina Ulloa.

Legisladores opositores que recibieron aportes de investigaciones del espacio de Margarita Stolbizer analizan trabar durante la discusión del Presupuesto 2019 todo lo relacionado con la partida asignada al Ministerio de Seguridad, que comanda Patricia Bullrich.

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Los diputados entienden que, según las denuncias, lo asignado oficialmente es apenas una parte de lo que gasta la repartición, ya que numerosas compras se desvían a través de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), que maneja fondos propios extrapresupuestarios.

Una investigación periodística de El Dato Clave (ver aquí), que se publicó semanas atrás, desató las acciones del equipo de sabuesos del GEN, cuyos resultados fueron presentados en los últimos días a varios miembros de bloques opositores en el Congreso.

El mecanismo consiste en comprar máscaras de gas, material antidisturbios, cascos, chalecos, bastones, escudos y hasta telas para fabricar uniformes, mediante adquisiciones directas de Acara a proveedores y a precios indicados por el Ministerio de Seguridad.

Los insumos son pagados con dinero proveniente de la recaudación que surge de todos los trámites relacionados con la compra y venta de vehículos en todo el país y que pagan los ciudadanos. Logo-ACARA (1)

En la práctica, la falta de transparencia y lo oculto de la maniobra no sólo generan indicios ciertos de irregularidades en las compras (posibles sobreprecios, proveedores digitados, imposibilidad de controlar cuánto se entrega de lo comprado, cuál es su calidad, etcétera), sino que esconden a los ciudadanos cuánto gasta el gobierno de Mauricio Macri en seguridad interior.

La Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) viene recibiendo quejas de muchos proveedores del ministerio, que son perjudicados por las dificultades que se generan (según ellos, adrede) en las licitaciones para que éstas caigan y entonces intervenga Acara con el procedimiento detallado.

Pero la preocupación de los legisladores, que podría ser un verdadero obstáculo para la aprobación del Presupuesto en su tratamiento el próximo mes, está centrado en la maniobra que hace escapar del control republicano los gastos verdaderos que se hacen para las Fuerzas de Seguridad.

En los últimos días trascendió que la ministra Bullrich no avala este procedimiento, pero que está atrapada en una telaraña de funcionarios, usos, costumbres, relaciones íntimas con algunos proveedores, compras al exterior y precios deformados, que amenazaría con paralizarle el funcionamiento si lo corta de raíz, máxime cuando este modus operandi se viene dando desde la épocas de Sergio Berni al frente de la cartera.

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Seguridad compra sin controles vía Acara

Funcionarios del área hacen caer licitaciones para poder beneficiar a “sus” proveedores.

Un escándalo que crece preocupa a los principales colaboradores de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y amaga con desatar una tormenta que dejaría a la que generaron los “aportantes truchos” de la campaña de Cambiemos a la “altura de un poroto”, según la definición de una de las fuentes oficiales que pugna por desarmar una bomba de fuertes indicios de corrupción, licitaciones arregladas, sobreprecios, “vueltos”  e irregularidades de todo tipo en el ámbito de las fuerzas de seguridad.

En resumen, y por extraño que resulte, la Asociación de Concesionarias de Automotores de la República Argentina (Acara) viene oficiando como “caja” informal, y sin controles de ningún organismo ni rendiciones de cuentas a nadie, para la compra de uniformes, equipamientos antidisturbios, cascos, escudos, bastones y demás ítems para equipar a la Policía, a la Prefectura y a la Gendarmería.

Concesionarias de autos  que compran uniformes Logo-ACARA (1).jpg

¿Qué tienen que ver las concesionarias que venden automóviles  con estas compras? Evidentemente, nada.

Podría entenderse un nexo en lo relativo a la adquisición de vehículos para esas reparticiones, pero no se trata en absoluto de eso.

Amparados en la Ley 23.412 y en la Ley 23.283 referidas a las atribuciones y posibilidades de acción de los Entes Cooperadores, un circuito de funcionarios viene eludiendo todo tipo de contralor evitando hacer licitaciones y así no tener luego que dar rendiciones de ellas.

Acara, como otros entes, recauda dinero y luego de cubrir sus gastos dedica la mayora parte a la generación de un “Fondo de Cooperación Técnica y Financiera”, una caja de Pandora que nadie controla y que hace y deshace a voluntad.

En más de una ocasión, la propia Sindicatura General de la Nación. Sigen, se ha expedido sobre lo irregular, falto de controles y nada transparente de este procedimiento.

Pero nadie le pone el cascabel al gato y todo sigue igual.

Cada vez que un ciudadano paga un formulario en relación con un automotor, Acara recauda.

Luego, esos fondos se destinan a rubros tan variados como ajenos a las funciones de las concesionarias automotrices: pagar sueldos de la Justicia, “incentivos” a funcionarios (sobresueldos, en realidad),  publicidad que no tiene que ver con el organismo, comprar bienes, hacerse cargo de contratos, etcétera.

¿Con qué controles?

Con ninguno.

Y precisamente en ese escandaloso procedimiento, funcionarios del Ministerio de Seguridad de Bullrich han encontrado un caldo de cultivo fenomenal para comprar de todo, al precio que ellos dicen, a quienes ellos eligen y sin rendir cuentas a nadie.

Esa situación ha generado un enorme malestar en las empresas proveedoras en general y en CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que prepara con sus asesores legales una presentación judicial.

Desde hace unas semanas, delegados de la ministra Bulrrich se vienen interiorizando en el tema a fin de evitar que estalle el escándalo, pero enfrentan un sólido entramado jurídico-legal al servicio de una verdadera industria de irregularidades.

Licitan, anulan, compra Acara

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El procedimiento es tan sencillo como corrupto.  El Ministerio de Seguridad hace en tiempo y forma una licitación para la compra de uniformes, cascos, máscaras de gas y escudos de distintos tipos, por ejemplo.

Una vez presentados los oferentes, respecto de los renglones más caros comienzan por parte de los mismos funcionarios implicados en la maniobra una serie de “trabas”, como, por caso:

-Vencimientos de plazos por demoras del Ministerio

-Órdenes de compra emitidas luego de finalizado el ejercicio presupuestario que le dio origen

-Objeciones técnicas genéricas, llenas de agujeros negros inentendibles

-Desestimación de los precios más bajos argumentando “precios promedios”.

** un cúmulo de penalizaciones a los oferentes a partir de reglamentaciones intrincadas, entre tantos otros.

Trabados esos ítems más onerosos de la licitación en cuestión, se sigue adelante con el resto de la compra.

Luego, y esgrimiendo siempre razones de “necesidad y urgencia” por las “dificultades que encontró la licitación”, el Ministerio de Seguridad envía a Acara, que está en la órbita del Ministerio de Justicia, una “compulsa de precios simple” sobre la base de los valores que vio en la licitación parcialmente abortada. Esa “compulsa” indica a quién comprarle.

Acara, entonces, compra los uniformes, máscaras de gas, escudos, bastones, etcétera, en un procedimiento directo y “mano a mano” con el proveedor elegido en esa licitación parcialmente fallida.

Se entrega, Acara paga… y listo.

¿Cuánto pagó Acara? Nadie por fuera del círculo “comprador” de funcionarios del Ministerio de  Seguridad puede acceder

¿A quién le compró Acara? Nadie por fuera de esa “organización” puede saber.

¿Se ajustaba a las especificaciones originales del pliego? Nadie sabe.

¿Se cumplieron los plazos de entrega? Misterio.

Un caso testigo en todo sentido

Este año, a comienzo de la ejecución del Presupuesto, la empresa de equipamientos militar policial Carols  SA impugnó un acto administrativo del Ministerio e hizo una presentación de reconsideración por haber sido “sacada” de una licitación sin motivos explicados.

Pero lo curioso es que en ese escrito (que se adjunta a esta nota y puede ser consultado) se devela una más de las habituales triquiñuelas del equipo de licitación y compras de Seguridad.

En efecto, a fojas 2 y con la firma de su presidente, Walter Ulacco, se explica que los materiales comprados a la firma Buccello y Asociados SRL, adjudicataria de una parte de la licitación de la que fue “corrida” Carols SA, al no poder ser entregado por ésta le fue comprado fuera de ese procedimiento a la propia Carols SA vía adquisición directa de Acara.

La increíble revelación se dio en el marco de una serie de disputas administrativas entre proveedores generalmente beneficiados de una u otra manera, es decir, ganando licitaciones o vendiendo por intermedio de Acara y sin controles.

Así, quedó en claro y con todas las letras que la línea de compra del Ministerio de Seguridad se maneja en incontables ocasiones con una Compulsa Abreviada por Urgencia como justificativo para que, hecha caer una licitación por ellos mismos, no tener tiempo de hacer otra y entonces ir a la compra directa y sin controles vía la asociación de concesionarias de autos.

Con la excusa de hacer “trámites expeditivos”, entonces, se evaden todas las reglamentaciones vigentes para las compras del Estado.

La Oficina Anticorrupción mira para otro lado

La preocupación de los hombres de Bullrich tiene sentido. No sólo la ministra preferida del presidente Macri es finalmente la responsable por estos negociados que se hacen a su espalda, sino que los tentáculos de los implicados llegan a todos los lugares.

Así, los reclamos hechos a la Oficina Anticorrupción por las irregularidades evidentes en la Licitación Pública 8/2018 con Expediente 2018-19660709-DCYC-MSG para la compra de material antidisturbios por la realización del G20 en nuestro país, fueron introducidos en un habitual círculo burocrático para este tipo de reclamos.

A todas las denuncias por las evidentes maniobras de los funcionarios de Seguridad para declarar desiertos algunos ítems de la licitación de referencia y poder así hacer compras directas por Acara, la repartición de Laura Alonso contesta con la misma fórmula: dice que no advierte hechos de corrupción, sino de presuntas irregularidades administrativas en el ámbito del Ministerio de Seguridad y que en consecuencia remite las actuaciones para su investigación al…. Ministerio de Seguridad, que obviamente cajonea el expediente y sigue adelante con su operatoria.

Más de un periodista que investiga este tema cree ver el largo brazo del presidente de Boca, Daniel Angelicci, amigo íntimo del presidente Macri y operador de la Justicia de larga trayectoria.

Esto es así por las permanentes “victorias” en las licitaciones de la empresa Armoring  Systems SA, propiedad de su amigo (y socio, según muchos) Gustavo Dorf, como,

por ejemplo, 7200 chalecos antibala por un total de 86 millones de pesos, o una venta al gobierno de Mendoza, “ordenada” desde Buenos Aires que se resolvió por compra directa y significó una erogación para el estado provincial de 31 millones de pesos.

Presidencia de la Nación también deriva

Existe un modo de poner en conocimiento de la Presidencia de la Nación estas irregularidades. A través de la Dirección General de Documentación de la Presidencia se establece un contacto on line y se hacen presentaciones.

Pero… la respuesta habitual de la Presidencia de la Nación es que remite las actuaciones a la Oficina Anticorrupción, que como ya vimos luego de analizadas las remite al Ministerio de Seguridad…y todo sigue su destino en el fondo de un cajón.

Es decir, Laura Alonso se entera, el presidente Macri se debería enterar, la ministra Bulrrich manda gente de confianza a cortar esto, pero… nada cambia y Acara sigue inexplicablemente reemplazando al Ministerio de Seguridad en la compra de materiales para las fuerzas de seguridad.

Hablamos de millones y millones de pesos mensuales y de un rubro muy sensible como es el de los pertrechos de seguridad, ámbito en el que los actores son internacionales y utilizan a empresas pequeñas argentinas como “tapadera”.

Todo secreto

En la citada licitación para la compra de materiales de seguridad por el G20 resultaron  evidentes las especificaciones técnicas direccionadas para poder ser cumplidas por una sola empresa.

De tan evidentes, fueron impugnadas por las otras empresas proveedoras concursantes, lo que le permitió a los funcionarios del Ministerio de  Seguridad declarar desiertos rápidamente esos ítems y seguir adelante con los otros renglones, de escaso valor.

Y ahí entró nuevamente Acara en acción, ya que dejado pasar el tiempo adrede, Seguridad adujo “necesidad y urgencia” y le remitió materiales, valores y empresa proveedora.

Imposible seguir el rastro de ahí en adelante por el carácter no público de lo que hace la Asociación de Concesionarios.

¿Cuánto se pagó? ¿Se ajustó todo a las especificaciones técnicas? ¿Se entregó en tiempo y forma? Todo secreto. Y se trata de dinero público.

Es tan secreto que no se permite a los proveedores presenciar las pruebas  técnicas sobre los materiales licitados y poder así comprobar que quien ganó entregó todo como los pliegos pedían.

Los expertos administrativistas no dudan cuando son consultados: lo que hace Acara es absolutamente ilegal, porque las leyes que la regulan no avalan que utilice para sus compras procedimientos de licitaciones públicas que quedan sin efecto.

Crece el negocio del HSBC con la deuda pública que pagan los argentinos

Por Marina Ulloa, periodista

El banco HSBC le prestará al Gobierno US$1000 millones. Esta entidad –cuyo presidente Gabriel Martino está investigado por lavado de dinero multimillonario- hizo punta de lanza y ahora el Gobierno comenzó a tentar a otras entidades para evitar levantar sospechas.

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Gabriel Martino, del HSBC.

Martino (quien sería el autor intelectual de las 4.040 cuentas con las que millonarios argentinos lavaron dinero y evadieron impuestos que tendrían que haber sido pagados a la AFIP para que el Estado pueda construir rutas, hospitales y escuelas) es uno de los mejores amigos y compañeros de Paddle de Mauricio Macri.

En la city porteña ya dan como un hecho el acuerdo entre Martino y Macri, vía Luis Caputo. Con esa movida, el banquero se asegurará un interés superior a la inflación y ganará varios cientos de millones de pesos en intereses que pagan todos los argentinos, en medio de un modelo endeudador como el de Cambiemos. 1728

Según publicó el diario La Nación, el HSBC le otorgará a Macri una línea de crédito de corto plazo contra la garantía de bonos públicos. MAcri cenó con Martino en la Quinta de Olivos el fin de semana pasado y ordenó luego a Caputo que se encargue de la negociación en forma personal, sin que participen asesores técnicos para que no se filtre información. Así lo revelaron a este blog fuentes del ministerio de Finanzas.

Luego de que Caputo anunciara que no habrá más operaciones en el mercado de capitales internacional este año, quedaron dos “ventanillas” de financiamiento, la del mercado local -donde se buscará captar entre 8000 y 10.000 millones de dólares- y la de los bancos. Y Macri ordenó entregar parte del negocio a su amigo Martino.

Los inversores de Wall Street tomaron en forma positiva el anuncio de Finanzas, ya que consideraban que la sobreoferta de bonos de la Argentina -luego de la emisión de US$ 9000 millones- conspiraba contra una mejora en los precios de estos activos. ¿Y eso qué significa? Que al gobierno se le fue la mano con la emisión en el exterior y ahora debe acudir al mercado local.

El banco HSBC con Martino a la cabeza participó el 80 por ciento de las colocaciones de bonos soberanos que hizo el gobierno de Cambiemos en el exterior en los dos primeros años de mandato: se emitieron 80.000 millones de dólares, con comisiones que para Martino alcanzaron los 250 millones de dólares.

Si todo quedara en la amistad, no habría problemas. Pero es que Macri (en el Estado) y Martino (en el Poder Financiero) comparten hasta el equipo de marketing y las ideas para la propaganda con la que buscan para “capturar” votantes y clientes, respectivamente.

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Desarrollo social

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Gabriel Martino, el hombre imputado por lavado que maneja la UIF

Es amigo de Macri y Rodríguez Larreta. Tiene injerencia directa en las decisiones económicas del Gobierno nacional. Desde que asumió Cambiemos, convirtió a su banco, el HSBC, en el mayor colocador de deuda externa de la Argentina. Está imputado en una causa por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos por varios cientos de millones de dólares. Con Macri en el poder, goza de impunidad.

Por Marina Ulloa, periodista. 

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Gabriel Martino, presidente del HSBC. 

Gabriel Martino es el presidente del HSBC en la Argentina. Pero desde que Mauricio Macri asumió en el Poder Ejecutivo, es mucho más que eso: el banquero controla nada más y nada menos que la Unidad de Información Financiera (UIF).

La UIF es el organismo encargado del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT) en la Argentina.

En los papeles, el presidente de la UIF es Mariano Federici, un ex funcionario del Fondo Monetario Internacional. Y la vicepresidenta es María Eugenia Talerico, una abogada de 46 años, especializada en delitos tributarios cambiarios de lavado de activos y económicos.

El lunes 25 de enero de 2016, el presidente Mauricio Macri y su ministro de Justicia, Germán Garavano, publicaron en el Boletín Oficial el Decreto 233/2016 con la designación de Federici y Talerico.

Talerico fue hasta el viernes 22 de enero (un día hábil antes) la es abogada del banco HSBC en tres causas que tramitan en queja ante la Corte Suprema y de otros expedientes abiertos dentro de la UIF por lavado de dinero.

Sí, Talerico era la abogada del banco en la causa HSBC, donde se investigan las maniobras de evasión fiscal asociadas a las 4.040 cuentas de empresas e individuos argentinos en una sucursal suiza del holding financiero.

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Federici y Talerico.

La lista de los 222 imputados está encabezada justamente por el presidente de la filial argentina del HSBC, Gabriel Martino. El banquero ingresó en las filas del holding bancario en 1989, tras graduarse como contador público en la Universidad Católica Argentina. Está acusado por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos.

A fines de diciembre, la sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó la validez de la prueba de documentos informáticos utilizados por la jueza Verónica Straccia para procesar a decenas de ahorristas que tenían depósitos en dólares en un banco suizo y que fueron denunciados hace tres años por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Se trata de una parte de las 4.040 cuentas denunciadas en 2014 por la AFIP a partir de información obtenida de las autoridades impositivas de Francia a raíz de un acuerdo existente entre ambos países.

El fiscal Navas Rial y la jueza Straccia sospechan que Martino montó una organización junto a otros 20 directivos y empleados de la entidad bancaria para facilitar el blanqueo, la fuga de divisas y la evasión fiscal.

Después de quedar imputado en esta causa, el Banco Central —durante la gestión de Alejandro Vanoli— ordenó el desplazamiento de Martino de su cargo. Sin embargo, a fines de abril de 2016 (ya con Macri en el Poder) el banquero recuperó su lugar como presidente del HSBC Bank Argentina, luego de haber dado “cumplimiento de los pasos legales y administrativos que tuvieron lugar tras un fallo judicial que en diciembre pasado ordenó suspender los efectos de la resolución que, frente a las acusaciones del gobierno anterior, lo había removido como director de la entidad”.

La información sobre los argentinos que tenían depósitos millonarios en el banco HSBC, presidido por Martino, había sido conseguida por los franceses en el allanamiento a la vivienda de un hombre que ofrecía venderla a particulares y estados, Hervé Falciani, ex ejecutivo de esa entidad en Suiza.

A través de Talerico, Martino controla la UIF. Además es uno de los mejores tres amigos de Mauricio Macri. Y oh, casualidad, el #HSBC, el segundo banco más beneficiado con las emisiones de deuda de la Argentina.

En la primera semana de enero de 2018, Martino cobró un tercio de los u$s10,7 millones (203 millones de pesos) que pagó el Gobierno de Macri por la emisión de unos 9.000 millones de dólares de deuda que hizo el ministro de Finanzas, Luis Caputo.

Gracias al vínculo personal con Macri y su línea con “Toto” Caputo, la entidad británica se convirtió en el mayor colocador de títulos nacionales. Es decir, es el banco más beneficiado por el mega endeudamiento de la Argentina. (Ver más https://goo.gl/LTVKY3)

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Martino abraza a la primera dama, Juliana Awada.

El 29 de diciembre pasado, al día siguiente del cambio de las metas de inflación, el periodista oficialista Marcelo Bonelli escribió una nota en Clarín, titulada: “La historia secreta de las medidas económicas”.

Allí, Bonelli dice: “Para Macri fue decisiva la opinión de calificados banqueros. Se trata de financistas con llegada directa al Presidente, como Gabriel Martino y Enrique Cristofani, además de Federico Braun que comparte las mesas de póker con Mauricio Macri. El trío advirtió sobre los efectos nocivos de las duras metas. Las Lebacs , hicieron estragos en los depósitos. Antes de su viaje a Brasilia –esa noche de martes– Macri estuvo con Marcos Peña y ambos acordaron que sería el Jefe de Gabinete quien le iba a comunicar la decisión política a Sturzenegger”. (Ver más: https://goo.gl/Q1ouho)

El 30 de noviembre pasado, Macri asumió la presidencia del G20. ¿Quién estuvo allí? Sí, Martino junto a los empresarios Sergio Kaufman (Accenture) y Facundo Gómez Minujín (JP Morgan).

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Martino junto a Kaufman y Gómez Minujín. 

Desde que asumió, Macri avanzó con el desmantelamiento de la UIF, que supo ganarse en los últimos años el título de Unidad Antilavado, precisamente por su “poder de policía” para investigar a bancos y peces gordos del lavado internacional.

El primer paso fue el desplazamiento de José “Pepe” Sbatella, que presentó su renuncia el 11 de diciembre, un día después de que asumiera Mauricio Macri y el día en que casualmente a través de una cautelar se reponía al jefe local del HSBC, Gabriel Martino, amigo íntimo de Horacio Rodríguez Larreta e histórico aportante del PRO. (Ver más: https://goo.gl/S5Bj5eMarinoyLarreta-320-Max

La amistad de Martino con el jefe de Gobierno porteño vienes desde hace 15 años: se conocieron por medio de Augusto Rodríguez Larreta, hermano del dirigente del PRO. Incluso, comparten fiestas en Punta del Este. (Ver aquí: https://goo.gl/RpVRns)

Escándalo: denuncian penalmente y exigen resarcimiento económico al perito que se copia de El Rincón del Vago

Se trata de un perito que presentó un informe en el juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°11, a cargo de Claudio Bonadío, en una causa por la compra de buques de Gas Natural Licuado (GNL). El magistrado citó por cuarta vez al ingeniero después de tres llamados a los que el profesional no se presentó.

Por @Marina_Ulloa

hqdefaultLos exfuncionarios acusados en una causa por la presunta irregularidad en la compra de buques de gas denunciarán penal y civilmente esta semana al perito David Cohen por falso testimonio. Le exigirán un resarcimiento económico por daños y perjuicios.

El juez Claudio Bonadío citó a Cohen el viernes a la tarde para que se presente el martes a las 10:00 en el juzgado para que brinde testimonio, ya que las otras veces que fue citado no concurrió.

Cohen fue el encargado de realizar peritajes sobre las supuestas compras de buques de gas que ahora son investigadas por Bonadío, pero ante las objeciones al informe que hicieron los demandados, el perito no respondió.

Según dijeron fuentes judiciales, Bonadío sospecha del peritaje de Cohen e incluso habría detectado que el perito incluyó (sin citar fuente) fragmentos de notas periodísticas y de páginas web como Wikipedia y El Rincón del Vago. 111

La detección de esas graves irregularidades que echarían por tierra el peritaje surgió a partir del faltazo de Cohen a los tres llamados que le hizo Bonadío para que se presente a declarar y responder preguntas en el juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°11.

El peritaje de Cohen, quien además es presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Industrial, tuvo al menos objeciones:

-El informe fue armado sobre la base de un “copiar y pegar” de páginas y diarios de internet, sin citar ninguna fuente. Se lo acusa al perito de haber utilizado información errónea y, otras veces, desactualizada.

-Cohen puso en los cuadros como referencia los precios de Japón, que son similares a los de Argentina. Es decir, que la supuesta diferencia que encontró Cohen también la habría pagado Japón en sus compras de GNL.

-Cohen calculó la diferencia con un cuadro que encontró en internet (al buscar en Google “cadena de valor del GNL” aparece esta imagen) sin citar la fuente. Este cuadro en realidad fue usado en un trabajo práctico de dos estudiantes de una universidad en Chile.

En resumen, el perito estimó en 6.000 millones la diferencia de precios en base a un cuadro que copió de internet, con datos de blogs y diarios web y ese monto es igual al de las compras de Japón (que utilizó como referencia), dijeron fuentes judiciales.

El informe del perito, además, no menciona que desde el 2012 YPF manejó bajo órdenes del entonces ministro Axel Kicillof y del presidente de la compañía, Miguel Galucchio, todas las compras a través de Nicolás Árceo.

Por otro lado, si se utiliza el método de peritaje utilizado por Cohen podría complicarse la situación del ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, en una causa por compras a Shell y Tranfigura, dado que arrojaría la existencia de sobreprecios por 2.500 millones de dólares.

Se trata de la denuncia penal contra el ministro de Energía, por su doble rol de accionista de Shell y funcionario público, que avanzó cuando en la sede de ese ministerio, en YPF y en la Oficina Anticorrupción le entregaron a la Justicia documentación sobre la compra de gas a Chile.

Las medidas ordenadas por el juez federal Luis Rodríguez y el fiscal Carlos Stornelli, se concretaron en junio en el marco de esa causa. La principal diligencia se realizó en las oficinas de Aranguren en el quinto piso del edificio ministerial y consistió en lo que técnicamente se denomina un “requerimiento de información”.

Los diputados Rodolfo Tailhade y Martín Doñate denunciaron a Aranguren por “negociaciones incompatibles con la función pública” luego del aumento tarifario y por la compra de gas natural a Chile, que en ese país es producido por Shell.

Mauricio, en todo estás vos…

Por @Marina_Ulloa

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Mauricio Macri, quien asumió la Presidencia de la República estando procesado por escuchas ilegales, tuvo a lo largo de su vida como empresario y dirigente político acusaciones, denuncias y causas por diversas formas de corrupción.

El altísimo poder económico que la familia Macri construyó al calor de la Dictadura y de gobiernos democráticos que le han condonado deudas multimillonarias hizo que el actual jefe de Estado zafara de todas las causas.

Incluso de aquella causa iniciada por Elisa Carrió por un contrabando de 450 millones de dólares, llevándolo hasta el procesamiento y festejando el logro judicial en los medios que hoy utiliza la diputada para elogiar a su otrora enemigo público N° 1.

Aquí, un listado de las causas del Presidente que, sin gestos en su cara, ahora ataca a la oposición con carpetazos armados por los espías a sueldo que controlan sus aliados Gustavo Arribas y Silvia Cristina Majdalani.

EN TODO ESTAS VOS

1982 : Causa por Estatización de la Deuda Privada

1982: Reventa de Exocet

1983 : Causa por Caso Yaciretá

1985 : Causa por Represa Urugua-Í

1988 : Causa por Cloacas con Rousselot

1989 : Causa por Compra de 40.000 ha a través de una compañía de Panamá con irregularidades.

1990 : Causa por Manliba / Carlos Grosso

1994 : Causa por Contrabando de autos

1997 : Causa por Contrabando de autopartes

1997 : Causa por Balances de Boca

1998 : Causa por Compra y quiebra de Correo Argentino.

2001 : Causa por Fuga de Capitales

2004 : Causa por Seguridad en Boca

2006 : Causa por Talleres clandestinos.

2009 : Causa por Escuchas ilegales

2009-2013 : Causa por Arroyo Maldonado

2011 : Causa por Plan Sarmiento / Grupo Clarín

2013 : Causa por Metrobús de 9 de Julio

2014 : Causa por Nicolás Caputo

2014 : Causa por Ciudad de la Moda

2014 : Causa por Serie 6

2015 : Causa por Cuevas

2015 : Causa por Muerte Carbonizada

2016 : Causa por Panama Papers

2016: Causa de Bahamas Leaks

2016: Soterramiento Sarmiento

2017: Cuentas de lavado en Hamburgo

2017: Saltan las coimas con Odebrecht

2017: Intenta autoperdon a SOCMA (Correo Argentino) por $70.000 Millones

2017: Avian-MacAir

2017: AuSol.

Macri dio la orden a Negri y Sanz: Correo y carpetazos a opositores

Mario Negri y Ernesto Sanz trabajan contrarreloj en una estrategia electoral de confrontación total con todo el arco opositor. En principio, habrá carpetazos contra los diputados que no apoyaron la expulsión de De Vido del Congreso. En segundo lugar, el oficialismo comenzó a preparar un dictamen “neutro” sobre el tema del Correo y la condonación de una deuda multimillonaria a Franco Macri, padre del jefe de Estado. Pero ese dictamen saldrá después de octubre, porque no quieren dar argumentos a la oposición para la contraofensiva.   

Por @Marina_Ulloa

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El oficialismo se viene preparando desde hace un mes, pero motorizó la “batalla final” cuando comenzó a notar que no llegaría con los votos necesarios para expulsar de la Cámara de Diputados a Julio De Vido.

La orden bajó directamente desde el denominado “circulo rojo” que integran Macri, Peña, Quintana y Lopetegui, pero en el oficialismo le adjudican la autoría intelectual a Jaime Durán Barba.

¿Qué dice la orden? Hay que buscar causas archivadas por truchas o acusaciones y denuncias de cualquier tenor para atacar a los opositores desde ahora hasta octubre, cuando el oficialismo se juega la consolidación o el debilitamiento.

La estrategia es de manual: el asesor estrella del macrismo habla en uno de sus libros de comunicación política de empujar al adversario incluso hasta la muerte con tal de no perder una elección.

Marcos Peña llamó a Ernesto Sanz para que se ocupe del tema. El dirigente de la UCR se reunió con su el jefe del bloque Cambiemos en la Cámara de Diputados, Mario Negri, y afinaron la puesta en práctica.

Sanz y Negri tuvimos al menos tres reuniones: la última fue en el despacho del diputado en el Congreso en la mañana del miércoles 26 de julio, unos minutos antes de que se inicie la sesión para expulsar a De Vido.

Pero hubo un tercer participante en esa reunión: fue Jesús Rodríguez, auditor general por la oposición en la Auditoría General de la Nación, que es presidida –sin tener el control total- por el pejotista Oscar Lamberto.  

Negri y Sanz venían trabajando codo a codo con algunos periodistas, como lo es Alfredo Leuco (Grupo Clarín), quien fue filmado ingresando a la AGN con Jesús Rodríguez la semana pasada.

Empleados de planta de la AGN revelaron a #ElDatoClave que Leuco fue al archivo del organismo cuatro veces en las últimas tres semanas (bien temprano durante las mañanas) para leer denuncias archivadas.

Leuco pidió fotocopias de varias causas que estaban archivadas por truchas o denuncias inconsistentes. Todas contra dirigentes peronistas. Los empleados fueron autorizados por Rodríguez e hicieron el trabajo que les indicó el periodista, quien salió del edificio de Avenida Rivadavia 1745 con una veintena de carpetas bajo el brazo.

La estrategia venía siendo trabajada por Peña, Sanz, Negri y el también radical Rodríguez desde hacía tiempo para tener todo listo para la campaña, pero los tiempos se acortaron con el traspié de Cambiemos en Diputados por la trunca expulsión de De Vido.

Toda esta movida fue el origen del escándalo que se armó en Diputados el jueves cuando el Frente Renovador denunció que la diputada macrista Silvia Lospennato contaba con e-mails y chats privados de legisladores del frente 1País.  

Esa situación se desprende de la colaboración de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que es conducida por dos incondicionales de Macri: Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Los espías están escuchando a opositores, pero también a oficialistas para mantenerlos a raya mientras crece el drama social.

Si bien Sanz estuvo alejado de la escena mediática en los últimos meses, en el oficialismo lo señalan como el nuevo “monje negro” de Cambiemos. Está financiado por el Grupo Clarín, el Grupo Techint y el gobierno de Jujuy para trabajar para Macri.

Según revelaron colaboradores de Negri ante la consulta de #ElDatoClave en la reunión con Sanz y Rodríguez el jueves sólo se habló del “tema Correo”, que al presidente Macri lo desvela por los millonarios intereses familiares que están en juego.

“Quieren por un lado forzar un dictamen por lo menos neutro. Pero ese dictamen los quieren para después de octubre. Te imaginarás que no vamos a insistir con este tema delicado antes de las elecciones”, dijo un colaborador de Negri a este blog.