Franco Macri acordó condonación del Gobierno, pero no baja el juicio al Estado

 

El Grupo Macri será beneficiado por una reducción multimillonaria de la deuda que contrajo cuando administró la concesión de Correo Argentino. Pero luego buscará cobrarle al Estado un resarcimiento de 500 millones de dólares que fue reclamado ante los tribunales federales en 2009 por el fin de la concesión decidido por Néstor Kirchner en 2003.

Por Marina Ulloa, periodista

El empresarios Franco Macri alcanzó un acuerdo con el gobierno de su hijo, el presidente Mauricio Macri, para que le condonen una deuda multimillonaria, pero mantiene el pie el juicio al Estado en el que reclama una indemnización. 0013580222

La cosa es así: en junio de 2004, el Grupo Macri –en el cual Mauricio tenía cargo en el directorio- reclamó a la Justicia que declare inconstitucional el Decreto 721 por el cual se creaba la empresa postal del Estado: CORASA.

Los Macri decían que el decreto incluía la transferencia de bienes de la exconcesionaria –que les pertenecía- a la nueva compañía estatal, en particular una planta procesadora en Monte Grande.

Esa planta, argumentaron Franco y Mauricio según el expediente consultado, fue adquirida con posterioridad a la firma del contrato de concesión y abonada con fondos propios del holding. mauricio-y-franco-macri-0417-g1

No obstante, el reclamo de los Macri se enmarcaba ya en una situación judicial muy enredada dado que la empresa Correo Argentino estaba en concurso de acreedores ya en noviembre de 2003.

El grupo Macri terminó pidiendo que el decreto –firmado por Néstor Kirchner- sea declarado inconstitucional y pidió a la Justicia dicte una medida de no innovar para evitar que se modifique la situación fáctica.

La realidad es que todos los bienes eran del Estado y sólo la planta de Monte Grande se compró después de la firma del contrato. A esto se sumaba que el Estado era ya uno de los principales acreedores del Correo del grupo Macri por los cánones impagos.

En mayo de 2009, el Grupo Macri argumentó que los abogados del Estado habían presentado tarde las apelaciones por los fallos en contra y dieron por ganado el juicio, por lo que reclamaron un resarcimiento de 500 millones de dólares por la expropiación del Correo Argentino. Ese reclamo sigue en pie.

Esa fue la causa por la que el kirchnerismo no alcanzó un acuerdo con Franco Macri por la deuda que el empresario tenía con el Estado. Deuda que ahora fue negociada por el Grupo Macri y el Gobierno de Cambiemos, que lidera Mauricio Macri. 0014530080

El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, defendió el polémico acuerdo entre el Estado y Franco Macri por la deuda del Correo al argumentar que se trata de “un deudor sin recursos económicos”, en referencia al padre del Presidente.

Aguad reconoció que el acuerdo representa “un perjuicio para el Estado” y, en una estrategia política más que legal y técnica, le echó la culpa a la administración kirchnerista por no haber cobrado el pasivo.

Lo cierto es que Aguad no puede resolver este conflicto dado que es privativo de resolución del procurador del Tesoro Carlos Balbín, quien es en realidad el abogado del Estado argentino.

Caputo manejará los subsidios a las centrales termoeléctricas

Así lo resolvió el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, al nombrar a José María Vázquez director nacional de Generación Térmica. Este ahora funcionario viene de ser gerente de SADESA, propiedad del amigo y socio presidencial.

Por Marina Ulloa, Periodista

El desembarco de gerentes de empresas en los máximos cargos del ministerio de Energía y Minería que conduce Juan José Aranguren parece no tener fin. Ahora el gerente de SADESA, José María Vázquez, fue designado como Director Nacional de Generación Térmica.

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Nicolás Caputo, el padrino de bodas de Macri y Awada. 

Así, Caputo terminó de conformar un equipo de ex empleados y amigos íntimos en cargos clave del Estado, donde se definen movimientos multimillonarios. Este equipo se completa con Alberto Brusco, gerente de IECSA y ahora encargado de las obras y las redeterminaciones de precios; Osvaldo Rolando, gerente de Edesur en el control de las obras de las distribuidoras; y el secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga, que viene del directorio de Pampa Energía.

El de Vázquez es un cargo clave porque es quien establece los subsidios que perciben las empresas que producen energía, que este año están previstos en 77.000 millones de pesos.

El problema es que Vázquez ocupó durante varios años y hasta hace pocos meses la gerencia de SADESA, una empresa energética que tiene entre sus accionistas a Nicolás “Nicky” Caputo, el “hermano de la vida” del presidente Macri.

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Caputo en la Rosada. 

El grupo SADESA tiene la mayoría de Central Puerto, una de las principales usinas térmicas de la Ciudad de Buenos Aires, además de importantes participaciones en la central térmica (Rosario),  Belgrano (Campana), entre otras. Asimismo controla en forma indirecta el 27% de las acciones de Edesur.

Según fuentes del sector, el Grupo SADESA controla alrededor de una quinta parte de la potencia de todo el país, por lo que no deja de levantar sospechas que un hombre tan ligado a una empresa de innegable cercanía con el presidente Macri haya sido puesto al frente de un tema tan sensible como el precio al que los generadores venden su energía a CAMMESA.

“Es un escándalo sólo comparable a cuando Tezanos pasó en 24 horas de presidente de Metrogas a interventor de Enargas, es decir de regulado a regulador”, describió a ARG Noticias un histórico consultor y recuerda incluso el caso del propio Aranguren, que por la presión de la oposición debió desprenderse de sus acciones en Shell.

Fuentes: con datos de ARG Noticias.

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De alfil de José López a mano derecha de Frigerio

 

El hombre –de bajo perfil pero amplio poder- se reinventó en pocos meses y logró quedarse en las primeras filas de un ministerio clave: el del Interior, Obras Públicas y Viviendas. Pasó de ser el alfil legal del detenido José López –el hombre de los bolsos en el convento- a funcionario de máxima confianza para Rogelio Frigerio. Hay otros nombres en esta historia que no tiene desperdicio.

Por Marina Ulloa, periodista

El detenido exsecretario de Obras Públicas del kirchnerismo José López no operó sólo para conseguir los 9 millones de dólares con los que fue encontrado (o entregado) en la madrugada del 14 de junio de 2016 cuando intentaba esconder el dinero en un convento de General Rodríguez.

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Andrés Aner. 

El Gobierno de Mauricio Macri condenó con durísimas críticas a López y usó el caso –con una fortísima ayuda mediática- para tirarle tierra a todo el kirchnerismo, pero actualmente al menos uno de los hombres más cercanos a corrupto exfuncionario de Obras Públicas está bajo el amparo de Rogelio Frigerio.

Se trata de Andrés Aner, actual funcionario del ministerio que conduce Frigerio. Este funcionario fue el jefe del cuerpo legal de López y actualmente ocupa la misma función. Aner era quien le manejaba todo al hombre de los bolsones y obligaba a los intendentes a contratar a estas empresas determinadas.

El círculo de máxima de José López eran Andrés Aner, Germán Nivello y el desconocido José Luis Bessi. Todos ellos olvidaron rápidamente a López cuando este fue detenido por la Policía en el momento en el que intentaba esconder millones de dólares en con convento de clausura, ametralladora en mano.

Justamente, en noviembre pasado el fiscal federal Carlos Stornelli abrió una investigación contra Aner por supuestas irregularidades en la asignación de fondos estatales a la Municipalidad de Villa Gesell. Los fondos estaban destinados a la ampliación del sistema eléctrico en el 2014, y las sospechas apuntan al direccionamiento de la adjudicación hacia una empresa vinculada a Aner. images

Stornelli impulsó la investigación contra Andrés Aner, un ex asesor de López, por supuestas “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, a raíz de una denuncia presentada por la diputada Margarita Stolbizer, informaron fuentes judiciales.

Aranguren dolarizó precios, los subió y multiplicó premios a generadoras eléctricas: Mindlin, el gran ganador

 

El ministro de Energía lo hizo sólo un día después de anunciar un nuevo aumento de hasta 148% en las tarifas a los usuarios residenciales. Esa decisión fue oficializada el miércoles con la Resolución 20. Y un día después, el jueves, oficializó la mega transferencia de recursos a las empresas con la Resolución 19. La tarifa social aumentó un 30% por la baja de subsidios, por lo que el dinero de la población más pobre también será destinado a las grandes compañías. El empresario Marcelo Mindlin, el mayor beneficiado.

Por Marina Ulloa, Periodista.  

El Gobierno decidió aumentarles 50% el piso del precio de pago en dólares a empresas privadas de generación de electricidad y les duplicó los premios por el cumplimiento de los objetivos, con la idea de impulsar la actividad. 161205aranguren-1

Los beneficios para empresas -que excluyen a las estatales tanto nacionales como provinciales- fueron dados a conocer un día después del aumento de tarifas a los usuarios anunciado por el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren.

Así, la reducción del gasto público por parte del Gobierno será menor a la prevista tras el aumento de tarifas, dado que parte de lo que antes iba a los usuarios ahora será destinado a las empresas generadoras que cumplan sus objetivos.

Esta decisión oficial fue dispuesta a través de la Resolución 19-E/2017 publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma del secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Valerio Sruoga.

Así, la cartera de Energía estableció los criterios que regularán la compra venta de energía térmica, hidroeléctrica y renovable entre agentes privados, a partir de una remuneración en condiciones “económicamente razonables, previsibles y eficientes, mediante compromisos de mediano plazo”.

UNA TRANSFERENCIA DE 60.000 MILLONES DE PESOS

edenor-cortesLas tarifas de energía eléctrica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentarán en forma desdoblada para alcanzar un incremento total promedio de entre 61% y 148% entre febrero y marzo, anunció Aranguren.

Esos aumentos significan una transferencia de fondos de 60.000 millones de pesos entre febrero y octubre a las dos distribuidoras del AMBA, Edenor y Edesur, a las cuales el Gobierno no les exigió ninguna obra puntual más que “mejorar el servicio”.

En una conferencia de prensa que se extendió casi dos horas, el funcionario ratificó que el objetivo del Gobierno es ir reduciendo los subsidios hasta 2019, año en el que los grandes consumidores ya no recibirán ayuda alguna del Estado nacional.

Según los cálculos oficiales, la reducción de subsidios para grandes consumidores irá del 29% del costo total de la factura en 2016 al 19 por ciento en 2017; al 10 por ciento en 2018; y a cero en 2019, el último año de la actual gestión de la alianza  Cambiemos.

En cuanto a los subsidios para usuarios residenciales, Aranguren dijo que el recorte irá del 70% de la factura en 2016 al 53% este año, para luego bajar al 37% en 2018 y al 10% en 2019.

MINDLIN CELEBRA INGRESOS MULTIMILLONARIOS

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Marcelo Mindil, dueño de Edenor y Pampa Energía. 

El empresario Marcelo Mindlin, muy cercano a Aranguren, es dueño de Edenor y de Pampa Energía, por lo que recibirá unos 30.000 millones de pesos este año para su distribuidora y cerca de 15.000 millones más por el mejor precio y los premios que le dará por la generación eléctrica.

En el mercado de generación eléctrico, Pampa Energía participa con la producción de 3.433 MW, a través de 5 Centrales Térmicas, 3 Centrales Hidroeléctricas y una Central Cogeneración EcoEnergía.

Además, Edenor fue una de las beneficiadas en 2016 cuando el Gobierno decidió perdonarles una deuda de 19.000 millones de pesos a cuatro empresas distribuidoras del país. 00_pampaenergia_27038.jpg

Gracias a estos fenomenales ingresos, Pampa Energía debutó el 17 de enero en los mercados internacionales con la colocación de una obligación negociable por u$s 750 millones a 10 años, con un cupón de 7,5%. Como la emisión se realizó por debajo de la par, el bono pagará a los inversores un rendimiento de 7,62%.

La compañía que planeaba emitir entre u$s 500 y u$s 1000 millones, recibió ofertas por 4.000 millones, es decir, más de cinco veces el monto finalmente suscripto. El mercado sabe de la cercanía de Mindilin y Aranguren y confía en esa “sociedad”.

En el mercado aseguran, por ello, que hubo un fuerte interés entre los inversores y que la enorme cantidad de ofertas sobrepasó todas las expectativas.

Entre quienes suscribieron, más del 50% procedieron de Estados Unidos, mientras que un 30% de los inversores fueron europeos. Los colocadores principales fueron Citi y Deutsche Bank.

Carrió, la DEA y Macri: ¿Qué pasa?

 

¿Por qué Carrió no pudo cuestionar la salida de Prat Gay? ¿Por qué dejó de atacar a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani? ¿Por qué viaja tanto a los Estados Unidos y a la vuelta hace escala en México? ¿Qué tienen que ver la AFI y la DEA? Todas las respuestas, en esta nota. 

Por Marina Ulloa. Periodista.

La diputada Elisa Carrió llamó al presidente Mauricio Macri para decirle que Alfonso Prat Gay estaba bien despedido y que las designaciones de Luis Caputo y Nicolás Dujovne eran buenas decisiones. ckaph-zwgaawq3u

Macri le pidió la renuncia indeclinable y Carrió le soltó la mano: fue un día negro para el economista, otrora diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires (2009-2013), electo por el Acuerdo Cívico y Social (ACyS).

Carrió no pudo decirle a Macri que, en realidad, estaba en desacuerdo con el despido del funcionario, después de que en meses pasados haber criticado la violencia del ajuste que estaba llevando a cabo el Gobierno, con las tarifas por ejemplo.

La diputada defenestra el programa económico de Macri en su círculo íntimo, pero en público elogia a los coordinadores del Gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, que son los comisarios políticos y económicos en el interior del Gobierno.

¿Pero por qué Carrió no puede ahora levantar la voz si en octubre denunció a tres funcionarios del ministerio de Energía y Minería? Hay algo mucho más pesado, que implica al narcotráfico, a su hijo y a la mismísima DEA.

Enrique Santos es el hijo de Carrió: vive en el estado mexicano de Guadalajara y tiene problemas muy serios con la Justicia del país centroamericano que no lo deja cruzar la frontera hasta no saldar los pendientes.

Santos estuvo preso en la Argentina a mediado de los años 90 cuando la Policía lo encontró traficando 25 kilos de cocaína de máxima pureza. Carrió había sido electa diputada nacional por el Chaco en las elecciones de 1995 y eso la ayudó.

La entonces diputada chaqueña usó sus contactos con el Superior Tribunal de Justicia del Chaco y sacó a su hijo de la cárcel, lo subió a un avión y lo envió a Londres con la excusa de que estudiaría arte escénico.

Ahora, Santos (el hijo de Carrió) volvió a tener problemas con la Justicia, pero ya en México: lo acusan de ser uno de los cabecillas de la nueva generación en el sanguinario y millonario cartel de Jalisco.

En 2010 surgieron en México los cárteles La Resistencia y Jalisco Nueva Generación, luego de la detención, en octubre de 2009, de Óscar Nava Valencia, sobrino de Luis Valencia, cabeza del Cártel del Milenio.

El hijo de Carrió es amigo íntimo de Nava Valencia y, la Justicia investiga, lo ayudó a contener hasta 2012 la revuelta interna en el cartel. Pero hubo una división y nació Jalisco Nueva Generación, el nuevo brazo armado utilizado provisionalmente por del cártel de Sinaloa, para terminar con Los Zetas en Veracruz.

La Justicia mexicana tiene abiertos tres procesos judiciales en los que está mencionado Enrique Santos, el hijo de Carrió. Y no se descarta que sea detenido. Por eso, Carrió le pidió ayuda a Macri.

Ocurre que la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ya puso su lupa sobre Santos por envíos decomisados de droga al país del norte, desde Guadalajara.

No sólo hay venta de drogas ilegales, también hay procesos abiertos por lavado de dinero por varios cientos de millones de dólares.

La preocupación de Carrió por su hijo es tan grande que hasta aceptó el pedido de Macri para dejar de atacar a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, quienes fueron elegidos por el jefe de Estado para encabezar la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

La AFI está realizando ahora gestiones al más alto nivel con las autoridades de su par mexicano, el denominado Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) para que se frenen los procesos judiciales contra su hijo Enrique Santos.

Esta situación de desesperación, por la que ya viajó varias veces a México, llevará a Carrió a ser relegada por Macri. Y al Presidente le servirá para mantener controlada a la diputada, sin que genere mayores disgustos en la Casa Rosada con sus denuncias.

 

 

Funcionarios denunciados por Carrió le dan otro dolor de cabeza a Macri en el Congreso

Se trata de José Luis Sureda y Pablo Popik, ex jerárquicos de Pan American Energy y Axion Energy. Ambos fueron denunciados por Elisa Carrió el 23 de noviembre por negociados incompatibles con la función pública. Resulta que ambos deciden cuántos millones cobrarán en subsidios y compensaciones las petroleras para las cuales trabajaron hasta el 9 de diciembre de 2015. Ahora la oposición le puso un freno desde el Congreso. Pero la estructura de negocios y beneficios para las “ex” patronales, continúa. 

Por Marina Ulloa. Periodista.

La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo firmó un dictamen a favor de anular el decreto presidencial con el que el Gobierno busca emitir 815,7 millones de dólares para “compensar” a las petroleras.

El Frente Renovador y el Frente para la Victoria se unieron para hacer caer el Decreto 1204/2016, firmado por el presidente Mauricio Macri a fines de noviembre con el objetivo de emitir bonos soberanos para saldar una deuda con las empresas productoras de hidrocarburos.

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José Luis Sureda, exjefe de ventas de Pan American Energy. 

El decreto de “Compensaciones Programas Refipyme y Petróleo Plus” lleva también la firma del jefe de Gabinete, Marcos Peña; del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay; y del ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren.

Ese decreto había sido redactado por el secretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Sureda, quien asumió en el cargo tras renunciar a su puesto de exgerente de ventas de Pan American Energy.

Junto a Sureda, también fue autor de ese decreto que Aranguren hizo firmar a Macri el actual subsecretario de Refinación y Comercialización y ex Gerente de Planificación de Axion Energy, Pablo Popik.

Sureda y Popik son dos de los tres funcionarios de Aranguren denunciados penalmente por la  diputada nacional Elisa Carrió (CC-ARI), aliada al Gobierno, por “negociaciones incompatibles con la función pública”.

La denuncia de Carrió fue presentada en la Cámara Federal y por sorteo recayó con el número de causa 16819/2016 en el juzgado federal número 11, que encabeza el juez Claudio Bonadio.

Ocurre que estos funcionarios deciden cuáles serán los beneficios para las empresas en las que trabajaron con cargos jerárquicos hasta el 9 de diciembre de 2015, dado que asumieron en los actuales cargos el 10 violando la Ley de Ética Pública.

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Pablo Popik, ex jerárquico de Axion Energy. 

De los 815,7 millones de dólares que prevé el decreto, 540 millones de dólares tienen como destino las arcas de Pan América Energy sin que exista ninguna exigencia sobre inversiones para aumentar la producción en el país.

Tras la denuncia de Carrió, la oposición puso la lupa sobre estos funcionarios y esa situación llevó a la moción para derogar el decreto presidencial.

El diputado kirchnerista Marcos Cleri, presidente de la bicameral, dijo que ahora resta que alguno de los dos cuerpos legislativo tendrá que rechazar el decreto para que este directamente deje de existir.

Según pudo saber #ElDatoClave de altas fuentes del ministerio de Energía y Minería, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, pidió en la mañana de este miércoles 21 de diciembre la cabeza de estos dos funcionarios. El temor hacia el corazón del Gobierno es que Carrió vuelva a la carga contra y comience a desgastarlo a Aranguren.  

La iniciativa del Poder Ejecutivo consiste en saldar deudas con compañías petroleras en el marco de acreencias y subsidios impagos generados por los dos programas de estímulo a la industria petrolera creados por el gobierno anterior.

En el artículo tercero del decreto, el Gobierno dispone la ampliación de la emisión de los BONAR 2020 por unos 67.224.137 dólares para las compensaciones del Régimen Especial para Pequeños Refinadores (REFIPYME).

Y también dispone la ampliación por hasta 748.511.397 dólares, para las compensaciones pendientes de liquidación correspondientes al Programa Petróleo Plus.

Los dos programas en cuestión habían sido creados en 2008 para frenar la caída de la extracción local de crudo mediante el pago de un precio adicional a las empresas que incrementen su oferta del hidrocarburo.

Entre las compañías alcanzadas por esas bonificaciones figuran Pan American Energy (PAE), Pluspetrol, Sipetrol y Capex, entre otras. macri12-800x500_c-696x435

El objetivo del Petróleo Plus fue devolver parte de las retenciones a la exportación, dado que en 2007 el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno había fijado un esquema de retenciones que capturó la mayor parte del negocio de ventas al exterior.

Esos beneficios serían destinados a las compañías que invirtieran y aumentaran la producción y las reservas de crudo: la idea de Macri es cancelar con títulos BONAR 2020 las deudas que se mantenía con las compañías productoras.

A su vez, el decreto establece que los bonos otorgados a los privados están restringidos para su venta hasta diciembre de 2017.

LA DENUNCIA DE CARRIÓ: http://www.clarin.com/politica/Carrio-denuncia-penalmente-funcionarios-Aranguren_0_1691830860.html

 

¿Quién y por qué le paga a Carrió los viajes por el mundo?

 

Por Marina Ulloa, periodista.

Ni el Congreso ni la embajada de los Estados Unidos, como afirman algunos medios críticos o cercanos a la oposición. Es una empresa gasífera para la que “trabaja” la diputada.  Es una compensación por el fortísimo lobby que viene haciendo hacia adentro del Gobierno por la futura licitación de un gasoducto. Esto ya le generó varios dolores de cabeza a Macri y enfrentó abiertamente a la legisladora -y sus aliados- con Aranguren. Todos los detalles, en la nota.

Los boletos de avión y la estadía en hoteles cinco estrellas de los cuales hizo uso desde -al menos- 2013 y hasta este mes la diputada Elisa Carrió fueron “regalados” por una  empresa de una amiga con fuerte poder económico en el Chaco.

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Carrió, Zuvic y Miedvietzky caminan por Nueva York. 

Se trata de Lili Miedvietzky (de rojo en la foto), heredera de Herman Miedvietzky, el creador del emporio empresarial chaqueño denominado Amarilla Gas, dueño del negocio de las garrafas de Gas Licuado de Petróleo en gran parte del Litoral argentino.

Esta empresa tiene posición dominante a través de sus 17 plantas de fraccionamiento y centros de distribución de garrafas en Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco, Tucumán y Salta.

Los comerciantes en Chaco, Corrientes y Misiones señalan a la propia Amarilla Gas como la dueña, en paralelo, del mercado negro de garrafas que jamás respetó los acuerdos de precios e impone sus propios valores en la zona más pobre del país.

En los pasillos del ministerio de Energía y Minería que conduce Juan José Aranguren señalan el fortísimo lobby que emprendió Carrió cuando Cambiemos llegó al Poder para que Amarilla Gas sea el concesionario del Gasoducto del Nordeste Argentino.

Con el desembarco del gas natural por red en la región, el negocio de las garrafas de Amarilla Gas tiene su fin casi predeterminado en menos de diez años, explican en el Gobierno, y por ello la familia Miedvietzky quiere hacerse de la concesión por 60 años. imagen_nota_13560343061-0

Y también afirman que la reciente denuncia de Carrió contra tres funcionarios de Aranguren fue motivada por la negativa del ministro a anticipar los precios prefijados para la licitación de la operatividad del gasoducto, en plena construcción.

El pedido de Carrió había sido anticipado a Macri en la cena que ambos tuvieron el 14 de noviembre en la Quinta de Olivos. Pero la negativa de Macri fue contundente: el objetivo oficial es que Pan American Energy se haga cargo del gasoducto del NEA.

El 23 de noviembre, entonces, Carrió denunció penalmente al secretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Sureda; al subsecretario de Refinación y Comercialización, Pablo Popik; y al director nacional de Gas Licuado de Petróleo, Luis Barile.

En su presentación, Carrió solicitó que se investigue si el trío cometió el delito de “negociaciones incompatibles con la función pública” por sus trabajos anteriores en Esso, Pan American Energy, Bridas y otras petroleras.

La diputada avisó y la rechazaron. Por ello, con el apoyo financiero de Amarilla Gas la legisladora nacional que aún conserva domicilio fiscal en la calle Frondizi 326 de Resistencia, Chaco, aunque vive en Recoleta fue a fondo ante los tribunales.

Carrió no sólo usa sus influencias sino también las del diputado santacruceño Eduardo Costa, dueño del emporio Tehuelche y marido de la Parlamentaria del Mercosur, Mariana Zuvic, amiga íntima de la chaqueña. Costa tuvo duros cortocircuitos este año con Aranguren por el control total de la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio.  

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Aranguren y Costa, en el ministerio de Energía.

 

Justamente, Zuvic acompaña en los viajes por el mundo a Carrió y a Lili Miedvietzky. Se las pudo ver a las tres en un vuelo de American Airlines que partió desde Ezeiza hacia Estados Unidos en mayo de 2016.

El 23 de ese mes, Carrió, Zuvic y Miedvietzky comieron juntas en un restaurante neoyorquino. Pagó la diputada con su tarjeta Visa del Banco Río. Luego, al otro día, partieron hacia Washington para mantener reuniones con empresarios estadounidenses.

Su estrecha amistad con una de las integrantes del directorio de Amarilla Gas es lo que le permitió a Carrió financiar gran parte de su última campaña electoral para el cargo de diputada que ahora tiene. Además de veranear en una mansión en Punta del Este y, claro, viajar por el mundo.

Gracias a los pasajes “regalados” Carrió pasó 103 días Estados Unidos, Uruguay, Brasil, Chile, Italia y Holanda entre el 6 de febrero de 2013 y el 13 de mayo de 2015, según datos de Migraciones.

Al menos cada vez que pisó Nueva York, la diputada lo hizo acompañada por Miedvietzky. A la empresaria, no obstante, le fascina Europa, destino al que también fue junto a su amiga legisladora.

Herman Miedvietzky falleció en 2009 y el Grupo Amarilla Gas quedó bajo el control de sus hijos. Lili se había dedicado al turismo desde que fundó Fun Time/Firenze Viajes, una empresa que se expandió desde Resistencia y casi dominó el mercado de cruceros en la Argentina.

Amarilla Gas es una de las empresas investigadas por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan por emitir facturas presuntamente “truchas” a Austral Construcciones, la empresa insignia del ahora detenido Lázaro Báez.

Otra fuerte discusión con Macri

A principios de noviembre, antes de la cena en Olivos, el presidente Mauricio Macri llamó por teléfono a Carrió y le pidió que impulse cambios en el reglamento del Congreso Nacional que data de 1982 con once reformas parciales.

El objetivo de Macri era que los legisladores ya no pudieran aceptar “regalos” (como pasajes internacionales) de empresas o personas particulares, por entender que son simples dádivas o sobornos.

El Gobierno estaba a punto de prohibir a todos los funcionarios del poder ejecutivo nacional (PEN) la posibilidad de recibir regalos de más de 4 mil pesos e iba a ordenar que los de menos valor puedan quedárselos siempre y cuando los declarasen en un registro que estará on line.

La respuesta de Carrió fue tajante: “De ninguna manera”. Eso generó el enojo del jefe de Estado, que luego la invitaría a la diputada a limar asperezas en Olivos, en una cena de la que también participó la primera dama, Juliana Aguada.

Finalmente, Macri reglamentó la ley de Ética Pública el 21 de noviembre a través del decreto 1179, tras una propuesta de la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.

El decreto regula el artículo 8 de la ley de Ética Pública que se sancionó en 1999 durante el último año del gobierno de Carlos Menem. La idea de Macri era que el Congreso hiciera lo mismo. Pero Carrió dijo no.